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A través de este blog le mantendremos informado de las principales novedades jurídicas y de aquellas cuestiones legales que, en la práctica, puedan resultarle de especial interés.

CAUSAS Y EFECTOS DE LA DESHEREDACIÓN

NoticiasPostado por ecuo-abogados vie, junio 08, 2018 11:27:03




De todos es sabido que un padre puede desheredar a sus hijos, o por lo menos es una de las amenazas más emitidas por los padres cuando el hijo es pequeño y quiere que se comporte bien (yo reconozco haberla sufrido en alguna ocasión). También un hijo puede desheredar a sus padres, y en general, cualquiera puede desheredar a sus sucesores legales.

Pero este instituto de la desheredación no es tan sencillo como parece, y no puede quedar a la simple voluntad del que realiza el testamento o causante. La ley exige la existencia de unos motivos muy concretos y de unas formalidades para que una persona pueda desheredar a sus herederos. Vemos a continuación por qué casusas y de qué manera se puede aplicar este “castigo”.

Así, establece la norma que la desheredación sólo podrá tener lugar por alguna de las causas que expresamente señala la ley (artículo 848 del Código Civil), y solo puede hacerse por testamento, expresando la causa en que se funde (artículo 849 CC). Además, la prueba de la certeza de la causa de desheredación corresponde a los herederos si el desheredado la niega, es decir, que si el desheredado impugna la herencia por considerar que no concurren las causas de desheredación, serán el resto de herederos, beneficiados por privar a aquel de su parte de la herencia, los que tienen que probar que efectivamente sí sucedieron los motivos merecedores de dicho castigo.

Según establece el código civil, son justas causas de desheredación las específicamente determinadas en el artículo 853:

- Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda. Sobre este motivo los Tribunales vienen considerando que la obligación de cumplir con los alimentos exige una situación de necesidad, un requerimiento o petición a los eventuales herederos legitimarios y por último una negativa de forma injustificada por parte de éstos a prestarlos. Por ejemplo, en una Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 11 de octubre de 2016 se indica que aunque la falta de atención y cuidados por parte de los hijos sea propia de un déficit moral y asistencial, no es suficiente para otorgar carta de naturaleza a la causa de desheredación.

- Otra de las causas es haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra.

Sobre esta causa, la Jurisprudencia viene considerando que el "maltrato de obra y la injuria grave" previstos en el artículo 853 CC , debe contemplarse en sentido amplio, que abarque no solo el maltrato físico o el proferir palabras injuriosas, sino también todo daño o sufrimiento psicológico infligido por cualquiera de los herederos legitimarios hacia el testador (falta de cariño, menosprecio....).Así, la sentencia del TS de 30 de enero de 2015 había considerado que la expresión “maltrato de obra” incluía el maltrato psicológico por suponer un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima. En este caso el hijo desheredado arrebató dolosamente a la madre todos sus bienes y le dejó sin ingresos para afrontar dignamente la última etapa de su vida. Ello le causó a la testadora un estado de zozobra y afectación profunda que le acompañó los últimos años de su vida.

En cuanto a las injurias, el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de junio de 1990, señaló, que éstas han de concretarse y demostrarse su existencia y gravedad. Indica que el carácter solemne de la desheredación supone que ha de manifestarse en testamento y que exista alguna de las causas tasadas, pero en ningún caso la ley exige concretar o describir los hechos constitutivos de la injuria ni las palabras en que ésta consista, puesto que la certeza puede ser contradicha por el desheredado y, en tal caso, ha de demostrarse en juicio la existencia de la causa.

Además de las anteriores causas de desheredación, también establece el Código Civil las de incapacidad por indignidad (artículo 756 núms. 1.º, 2.º, 3.º, 5.º), que en lo específicamente referido a hijos y descendientes serían:

- El que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador, de su cónyuge, descendientes o ascendientes. Si el ofensor fuere heredero forzoso, perderá su derecho a la legítima.

- El que hubiese acusado al testador de delito al que la ley señale pena no inferior a la de presidio o prisión mayor, cuando la acusación sea declarada calumniosa.

- El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer testamento o a cambiarlo.

- El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior.

Una vez que conocemos los motivos de la desheredación, tenemos que saber cuál es su efecto. Como es conocido, en la institución de la sucesión existe una serie de herederos forzosos que, obligatoriamente tienen derecho a una parte de la herencia, denominada “la legítima”, y el causante no puede privarles de esta parte a no ser por una de las causas expuestas anteriormente. En este caso, si la desheredación es justa y realizada con los requisitos establecidos legalmente, tiene el efecto de privar de la legítima a la persona desheredada, sin embargo, las donaciones que se hubieran percibido en vida, no quedan revocadas por la desheredación.

Por último, debemos destacar que la desheredación quedará sin efecto si existe una reconciliación previa al fallecimiento del causante entre este y el desheredado.

Enrique Soriano Gómez


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El Reglamento Europeo de Protección de Datos

NoticiasPostado por ecuo-abogados mié, mayo 23, 2018 18:33:27



¿Está preparado tu negocio para la llegada del Reglamento Europeo de Protección de Datos?

La semana que viene, el día 25 de mayo, entrará en vigor en Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). Esta norma, que fue aprobada dos años atrás, supone un cambio de paradigma en lo que a la protección de datos personales se refiere, obligando a empresas y organismos públicos y privados a acometer reformas de gran calado organizativo, técnico y humano en aras de su correcto cumplimiento.

Hasta ahora, la regulación en España sobre esta materia ha correspondido a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos y a su reglamento de desarrollo, aunque ambos se encuentran en fase de revisión legislativa para adaptar la normativa interna a las nuevas exigencias del Reglamento Europeo.

La Protección de Datos es el derecho que tenemos todas las personas a conocer quién tiene y trata nuestros datos personales y el derecho que tenemos a que estos no sean utilizados sin nuestra autorización y protección debida, de manera que se garantice nuestro derecho fundamental a la intimidad, reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española.

¿Cuáles son las principales novedades introducidas por el RGPD de obligado cumplimiento a partir del próximo 25 de mayo?

En primer lugar, hemos de señalar que la nueva normativa será exigible a todo tipo de empresas y organizaciones establecidas en la Unión Europea, y a aquellas que, aunque no se hallen establecidas en la UE, traten datos de carácter personal como consecuencia de la oferta de bienes o servicios destinados a ciudadanos de la Unión. Afectará tanto a grandes multinacionales como a pequeñas y medianas empresas en el tratamiento de datos de clientes, trabajadores y proveedores, exigiéndose a partir de ahora una actividad proactiva en relación a la implantación de medidas tendentes a garantizar un nivel adecuado de protección, en consonancia al riesgo que suponga el tratamiento de los datos personales que manejen.

Los responsables de ficheros o tratamientos (empresas, Administraciones Públicas u otras entidades) de datos de carácter personal deberán cumplir con una serie de obligaciones, entre las que destacan:

· Recabar el consentimiento expreso de los afectados por el uso de los datos. En el caso de los menores de 16 años será necesario recabar el permiso paterno, para consentir el tratamiento de sus datos en redes sociales, por ejemplo.

· Notificar la existencia de una violación de seguridad si la misma afecta a datos personales.

· Informar a los propietarios de los datos sobre el nombre del responsable o encargado de su uso, tratamiento que se les dará, forma de ejercitar sus derechos, plazo de conservación de los mismos, etc.

· Establecer acciones y medidas de seguridad técnicas y organizativas, como puede ser la adhesión a códigos de conducta o a mecanismos de certificación.

· Realizar una evaluación de impacto sobre los riesgos que un producto o servicio puede entrañar para la protección de datos de los afectados.

· Nombrar un Delegado de Protección de Datos, que será la persona encargada de asesorar a la empresa en la materia. No obstante, solo tendrán la obligación de contar con esta figura las entidades públicas, las empresas que tengan un tratamiento de datos a gran escala (entidades aseguradoras, distribuidores y comercializadores de energía eléctrica o gas natural; entidades responsables de sistemas de información crediticia; entidades que desarrollen actividades de publicidad que impliquen análisis de preferencias o elaboración de perfiles; centros sanitarios; centros docentes que ofrezcan enseñanzas regladas y Universidades; colegios profesionales; y entidades dedicadas al juego on line , entre otros) y las que recojan datos especialmente sensibles.

Entre los derechos más significativos reconocidos a los ciudadanos en el reglamento europeo encontramos el derecho al olvido, que supone que el interesado podrá solicitar el bloqueo de los resultados de los buscadores de internet que se refieran a él, cuando resulten obsoletos, incompletos, falsos o irrelevantes y no tengan un interés público.

En cuanto a las sanciones, si hasta la fecha la cuantía de las mismas oscilaba entre los 900 a los 600.000 euros, con la entrada en vigor de la normativa europea las sanciones podrán alcanzar hasta los 20.000.000 euros o el 4% del volumen de negocio global del último año, en función de la gravedad de la infracción.

Es por ello que empresas y pymes deberán, sin dilación, incorporar medidas que aseguren la efectividad de la protección de datos, no solo para evitar sanciones indeseadas, sino con el objetivo incorporar a sus negocios un valor añadido para sus clientes y un elemento diferenciador entre sus competidores.

Cristina García López



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Pinceladas jurídicas sobre las uniones de hecho

NoticiasPostado por ecuo-abogados jue, abril 26, 2018 11:20:46



La opción más frecuente entre las parejas españolas es la de formalizar su unión sentimental a través de matrimonio, civil o religioso, pero también está muy extendida en nuestra sociedad la institución de la “unión de hecho”, también conocida como “convivencia extramatrimonial o more uxorio” o “pareja de hecho”, que se configura como la unión estable de convivencia entre dos personas no unidas por matrimonio.

Por lo general, para que se produzca el reconocimiento de ciertos efectos jurídicos en relación a la unión de hecho se requiere el cumplimento de los siguientes requisitos: a) que sea una unión de dos personas, de distinto o idéntico sexo (heterosexual u homosexual); b) que la convivencia sea pública y notoria; c) que no estén unidas por matrimonio entre ellos ni con terceros; y, d) que lleven una vida estable y duradera (en determinados supuestos se exige que sea de 12 meses al menos), y que existan unos intereses comunes en el desarrollo de una vida familiar.

En nuestra país existe una progresiva equiparación en su régimen jurídico con el matrimonio, de modo que sus miembros, sin pasar por el trámite de la unión matrimonial, ostentan en múltiples aspectos (no en todos) los mismos o similares derechos y obligaciones a los propios de las parejas unidas por matrimonio, sin embargo esta institución social carece de una regulación jurídica sistemática (en una concreta ley) a nivel estatal, a diferencia de lo que ha sucedido en diversas comunidades autónomas que sí la han regulado (Cataluña, Andalucía, Madrid, Navarra, Valencia, etc.; la Región de Murcia carece de esta regulación), de modo que hay que acudir a disposiciones desperdigadas en diversas normas y a la interpretación normativa por los Tribunales para clarificar el régimen jurídico de las parejas de hecho; así por ejemplo, la LAU reconoce el derecho de la pareja de hecho del inquilino de subrogarse en el arrendamiento en caso de fallecimiento de éste; por otro lado, la normativa de Seguridad Social reconoce el derecho a acceder a la asistencia sanitaria mediante la cotización de la pareja; en cambio, nuestro Código Civil no reconoce en la sucesión intestada (aquella en la que no existe testamento) derecho sucesorio alguno a la pareja de hecho al exigir la existencia de matrimonio válido y vigente para reconocer al cónyuge superviviente la posibilidad de suceder a su pareja.

Para acreditar la existencia de una unión de hecho cabe acudir a diversos documentos y pruebas que permitan acreditarla, al menos de modo indiciario (ej. escritura notarial de declaración de convivencia y/o capitulaciones paramatrimoniales, empadronamiento, hijos comunes, libro de familia, préstamos bancarios, seguro de vida en el que se designa a la pareja como beneficiaria, etc.), aunque lo ideal, e incluso imprescindible para el reconocimiento de determinados derechos, es la inscripción en el correspondiente registro autonómico o municipal de parejas de hecho, pues permite dejar constancia pública de la existencia de esta relación, al menos, desde la fecha de su acceso al registro.

Los miembros de la pareja de hecho pueden pactar en un documento, público o privado, las condiciones del régimen económico de su unión, pudiendo acordar que éste se rija, por ejemplo, por uno de los tres previstos para la uniones matrimoniales (régimen de gananciales, de separación de bienes y de participación); de este modo, si se optara por el régimen de gananciales: se presumirán comunes los bienes adquiridos durante la convivencia; la vivienda que constituye la residencia habitual, aunque haya sido adquirida por uno solo, no se podrá disponer de ella sin el consentimiento del otro o, en su caso, sin autorización judicial mientras dure la convivencia; ambos quedan sujetos al levantamiento de las cargas familiares, etc.

Si no existe este pacto sobre las condiciones del régimen económico, no tiene lugar la aplicación supletoria del de gananciales como ocurre con la unión matrimonial, por lo que cada uno tendrá que acreditar sus derechos sobre cada bien/derecho que componga el patrimonio común, porque, por ejemplo, si un bien consta adquirido a nombre de uno de ellos no se presume que es común de ambos sino de éste.

Respecto a los hijos de la pareja, tanto el ejercicio de la patria potestad como de la custodia se realiza de forma conjunta o por uno con el consentimiento tácito o expreso del otro al igual que en el matrimonio, y si aconteciese la ruptura de la pareja, el régimen a aplicar respecto a la patria potestad, guardia y custodia, alimentos, visitas, uso de la vivienda familiar, etc., también es idéntico al de la ruptura matrimonial.

Por su especial transcendencia convine hacer una breve referencia a la pensión de viudedad. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto señalando que el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son realidades equivalentes, y, consecuentemente, no son acreedoras del mismo trato por parte del legislador, de ahí que estén sometidas a un diverso trato jurídico, entre otras, en materia de pensión de viudedad, y considera que “solo el matrimonio es una institución social garantizada por la Constitución y el derecho a contraerlo es un derecho constitucional, circunstancias que no son predicables de la unión de hecho”. En este sentido, inicialmente la Ley General de la Seguridad Social solo reconocía la pensión de viudedad al cónyuge superviviente, y no extendiendo este reconocimiento a las parejas de hecho hasta su reforma del año de 2007, si bien exigiendo el cumplimiento añadido de dos simultáneos requisitos: a) la convivencia estable e ininterrumpida durante el periodo de cinco años; y, b) la publicidad de la situación de convivencia de hecho mediante la inscripción en el registro de parejas de hecho o la constancia de su constitución como tal pareja en documento público con una antelación mínima de 2 años al fallecimiento. De modo que sin el cumplimento de estas “formalidades” no se reconoce la posibilidad de acceso a la pensión de viudedad de la pareja fallecida.

Variadas y, en ocasiones, complejas son las situaciones que pueden plantearse sobre las uniones de hecho al no existir un régimen jurídico sistematizado a nivel estatal que clarifique los contornos del mismo, por lo que es muy recomendable solicitar el consejo de un abogado que examine el caso concreto y proporcione su diagnostico profesional.

José Román Morales Ros





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Deudas con la Comunidad de Propietarios

NoticiasPostado por ecuo-abogados mar, abril 10, 2018 12:05:00





DEUDAS CON LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CUANDO EL INMUEBLE CAMBIA DE DUEÑOS


En el contexto económico actual es muy frecuente ver que los bancos se quedan, mediante diferentes procesos, con inmuebles de las promotoras que no pudieron vender, o con inmuebles de particulares que no fueron capaces de hacer frente a sus obligaciones crediticias.

En estos casos existe un tercer afectado que tiene intereses muy importantes en el tema, y se trata de la Comunidad de Propietarios. Es bastante usual que tanto las promotoras como ciertos propietarios morosos, dejasen de pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias a la comunidad de propietarios, acumulándose con esto una deuda que al final repercute sobre el resto de propietarios de la comunidad.

¿Qué ocurre en estos casos con la deuda del antiguo propietario en el supuesto de que éste venda el inmueble? Pues bien, es conveniente saber que el nuevo propietario responde, hasta ciertos límites, de la deuda dejada por el anterior propietario.

Por eso, cuando se vende un piso hay que aportar un certificado de deudas con la comunidad de propietarios, en el que se acredita que el transmitente está al corriente de pago en los gastos comunitarios, o se especifiquen las correspondientes deudas no satisfechas. Esto es una forma segura para que el nuevo propietario se asegure que no hay deudas pendientes con la comunidad. El certificado lo tiene que expedir el secretario de la comunidad de propietarios, con el visto bueno del Presidente. Tendrá que hacerlo en el plazo máximo de 7 días naturales desde la solicitud, respondiendo en caso de culpa o negligencia de la exactitud del certificado y de los perjuicios por el retraso de la emisión.

Otra obligación que incumbe al transmitente, y cuya omisión podría repercutirle económicamente, es la de comunicar al Secretario o Administrador de Fincas por un medio que permita dar constancia de la recepción, del cambio de titularidad de la vivienda o local. De este modo, en caso de no notificar la transmisión, podría encontrarse con la obligación de pagar junto con el nuevo propietario, las cuotas posteriores a la transmisión. (Sin perjuicio de que posteriormente pueda repetir estos pagos contra el adquirente)

Si existieran deudas impagadas con la comunidad, tras la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal en 2013, el propietario adquirente responderá de las deudas no pagadas por el transmitente de la anualidad en curso, y de las tres anualidades anteriores. Esta responsabilidad del piso, se produce independientemente de que la escritura de compraventa se inscriba o no en el Registro de la Propiedad.

Pero el hecho de que un comprador tenga que hacer frente a la deuda del antiguo propietario para no ver embargado su piso, no significa que él sea el deudor, por lo que podrá repetir el dinero que ha tenido que aportar para contra el titular real de la deuda, salvo que expresamente las haya asumido.

Por parte del acreedor, es decir, de la comunidad de propietarios, puede reclamar al deudor original toda la deuda que tenga generada, el hecho de que el nuevo propietario asuma la obligación de pagar expuesta anteriormente no quiere decir que libere al nuevo propietario de su deuda, sino que el acreedor puede dirigirse contra los dos, con los límites expuestos para con el nuevo adquirente.

Esto ha supuesto un balón de oxigeno para muchas comunidades de propietarios, que veían como tenían que hacer, mes a mes, frente a las deudas que generaban muchas promotoras que cayeron en desgracia económica, y, al entrar en escena nuevos propietarios, como suele ser el banco, o una inmobiliaria dependiente de los bancos, tienen ahora un acreedor solvente que, al menos, responderá de la anualidad en curso, de las deudas generadas en tres anualidades anteriores, y, por supuesto, de las cuotas que se devenguen en el futuro.

Enrique Soriano Gómez







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LOS GASTOS HIPOTECARIOS II: NOVEDADES

NoticiasPostado por ecuo-abogados mié, marzo 21, 2018 10:14:09

En un artículo publicado meses atrás tuvimos ocasión de tratar el tema de la reclamación a los bancos de los gastos de constitución de hipoteca, que prácticamente la totalidad de consumidores abonan al momento de su formalización. Ya entonces adelantábamos que, en lo que se refería al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, existía disparidad de criterios judiciales a la hora de establecer a quién correspondía, efectivamente, su pago (si al banco o al consumidor).

Pues bien, la duda ha quedado despejada tras la reciente sentencia, de 28 de Febrero, en la que el Tribunal Supremo, unificando doctrina, ha inclinado la balanza del lado de la banca. Aunque aún no se ha publicado el texto íntegro de la sentencia, sí ha trascendido el sentido del fallo. Este ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario (el consumidor), y por tanto, es a él a quien corresponde hacerse cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, gravamen que supone entre el 60 y el 70 % de los gastos totales de la escritura.

No obstante, no se descarta que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que este, que ya falló en contra del criterio establecido por el Tribunal Supremo en lo referente a la retroactividad de la devolución de lo cobrado de más por las cláusulas suelo, se pronuncie en un sentido diferente.

Pero mientras eso sucede, cabe preguntarse qué gastos, abonados al constituir una hipoteca, son susceptibles de ser reclamados en la actualidad con posibilidad de éxito. Hablamos de los gastos causados por la tasación del inmueble, la minuta del notario, los aranceles del Registro de la Propiedad, y lo cobrado por la gestoría que se encarga de realizar todas estas operaciones. Y aunque, si bien es cierto, la cantidad más jugosa es la correspondiente al impuesto, no por ello debe renunciarse a reclamar cantidades que, en algunos casos, ascienden a los 1.500 €.

Tradicionalmente los bancos han cargado estos importes al consumidor mediante la inclusión de una cláusula en la hipoteca que, sin negociación previa y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de todos los gastos al consumidor, a pesar de que ley, según los distintos supuestos, hace una distribución de los mismos. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 23 de diciembre de 2015, estableció que esas cláusulas son abusivas y por tanto nulas, aunque ahora haya modificado el criterio en lo que al Impuesto de Actos Jurídicos se refiere.

A ello hemos de añadir la cláusula de Comisiones de Apertura, cuya validez ha comenzado a cuestionarse por parte de numerosos juzgados y que puede suponer una cantidad nada desdeñable: alrededor del 1% del principal del préstamo.

Para conocer la cantidad que se puede reclamar en cada caso, necesitaremos recopilar la escritura de préstamo hipotecario, así como los justificantes de abono de los gastos: las facturas de tasación, notaría, registro, gestoría e impuestos.

A continuación, aconsejamos comenzar presentando una reclamación al servicio de atención al cliente de nuestra entidad. En el caso de que el banco no atienda la petición, o la cantidad que ofrezca no resulte satisfactoria para el cliente, acudiremos a la vía judicial.

No renuncie a la posibilidad de recuperar lo que es suyo.

Cristina García López





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Novedades del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

NoticiasPostado por ecuo-abogados lun, marzo 05, 2018 09:58:47



Novedades en la Región de Murcia del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.



A partir del 1 de enero de este año entró en vigor una las modificaciones normativas más esperadas en la Región de Murcia, relativa al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por su gran repercusión económica en la inmensa mayoría de herencias y donaciones que deban tributar en la Región, hasta el punto que este impuesto tiene ahora escasísima repercusión económica para la gran mayoría de los bolsillos de los beneficiarios de una herencia, legado o donación (herederos, legatarios y donatarios).

Desde el pasado 1 de enero a las adquisiciones, tanto mortis causa (sucesión) como ínter vivos (donación), se aplica una deducción autonómica del 99 % de la cuota que resulte una vez aplicadas las deducciones estatales y autonómicas que, en su caso, procedan, si el beneficiario de la herencia, legado o donación (sujeto pasivo del impuesto) está dentro de una de las categorías familiares incluidas en los Grupo I y II del artículo 20.2 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, esto es, si es descendiente (hijo, nieto, biznieto), adoptado, cónyuge, ascendiente (padre, abuelo, bisabuelo) o adoptante del fallecido (causante) o donante, por tanto quedan excluidos, entre otros familiares, hermanos, sobrinos y primos del causante o donante.

A modo de ejemplo de la gran repercusión que esta modificación normativa tiene en el importe a satisfacer en concepto de este impuesto a partir de 1 de enero de 2018, y sin tener en cuenta la aplicación de reducciones especiales o cualificadas y otras deducciones, que podrían minorar aún más la cuota a satisfacer, citaré dos supuestos hipotéticos:

a) si lo que se hereda tiene un valor neto de 200.000 €, en caso de que el fallecimiento del causante hubiese acontecido antes del año 2018, se debe pagar en concepto del impuesto la cantidad aproximada de 11.300 € y, si tuvo lugar a partir de 2018, unos 282 €; y,

b) si lo que se dona tiene un valor neto de 65.000 €, si la donación tuvo lugar antes del 2018 se debe pagar 1.930 € aproximadamente, y unos 48 € si ha tenido lugar a partir de este año.

Es evidente, por consiguiente, la rebaja en el importe a satisfacer a la Administración si el hecho (fallecimiento o donación) tuvo lugar a partir del 2018 y el beneficiario se halla en uno de los dos grupos citados de parentesco con el causante o donante.

Es importante resaltar que en el caso de las donaciones, para poder beneficiarse de esta deducción, es imprescindible que esta se formalice en documento público (ej. escritura pública) y además, si lo donado es dinero en metálico o en cuenta corriente, ahorro, a la vista o plazo, se debe justificar el origen de los fondos donados y manifestar este origen en el documento público en el que se efectúe la donación.

Por otro lado, para poder beneficiarse de esta deducción autonómica del 99% sobre la cuota del impuesto, es imprescindible presentar la declaración-liquidación del impuesto (modelo 650 para sucesiones y 651 para donaciones) ante la Administración Regional (Oficinas de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia dependientes de la Consejería de Economía y Administraciones Públicas) en el plazo de 6 meses desde el fallecimiento del causante, con posibilidad de prórroga de otros 6 meses si esta es solicitada dentro de los 5 primeros meses por los interesados, y en el plazo de 30 días hábiles desde que tuvo lugar la donación.

Junto a esta declaración-liquidación del impuesto debe presentarse, entre otra documentación:

- en el caso de sucesiones, escritura pública de adjudicación de herencia o, en defecto, documento privado firmado por todos los herederos que contenga, entre otros extremos, relación de los presuntos herederos, de los bienes y derechos de la herencia y su valor, de las deudas y cargas, etc., certificado de defunción y de últimas voluntades del causante, su testamento o, en su caso, declaración notarial de herederos, título acreditativo de la propiedad del causante u otro derecho sobre bienes inmuebles y muebles, certificados de sus cuentas bancarias, de los contratos de seguros de vida, así como la documentación que acredite las cargas, gravámenes, deudas y demás gastos del patrimonio del finado, y la que justifique la aplicación en su caso de posibles beneficios fiscales.

- en el supuesto de donaciones, escritura pública en la que se formalice la donación, recibo más reciente del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del inmueble objeto de donación, y, si lo donado es un vehículo, ficha técnica y permiso de circulación del mismo.

Con esta modificación normativa la Región de Murcia es la tercera Comunidad Autónoma, junto a Canarias y Madrid, que recoge una importantísima bonificación en su regulación, lo que conlleva a la gran mayoría de familias murcianas, por un lado, que heredar no sea tributariamente una carga, en ocasiones inasumible, con la consiguiente renuncia a la herencia, y, por otro, que donar tampoco sea caro fiscalmente, y con ello facilitar la transmisión ínter vivos del patrimonio familiar de una generación a otra, en lugar de esperar al fallecimiento del donante.

José Román Morales Ros







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El incumplimiento del régimen de visitas

NoticiasPostado por ecuo-abogados vie, febrero 23, 2018 11:18:55


Tras un procedimiento de divorcio con hijos comunes, o un procedimiento de medidas paterno filiales, se establece un régimen de visitas del progenitor no custodio con sus hijos menores de edad.

Este régimen rige en el caso de que los progenitores no se pongan de acuerdo en cuanto a las visitas con los menores, se establece en sentencia o convenio regulador y habrá que acudir a él en caso de discrepancia. Claro está que, si los progenitores están de acuerdo, siempre podrán alterar ese régimen de visitas para adecuarlo a las necesidades de cada uno.

Pero, ¿qué ocurre si uno de los progenitores incumple el convenio? ¿Qué se puede hacer? Esta es una de las consultas que con más asiduidad se da en nuestro despacho después de un divorcio.

Pongamos el caso de que la madre sea la que ejerza la guarda y custodia y el padre goce del régimen de visitas (que no siempre tiene que ser así). Los incumplimientos del régimen pueden ser diversos, y los más típicos son el del padre que no cumple con las visitas y no se lleva a sus hijos cuando le corresponden, y el de la madre que no deja que el padre vea a sus hijos cuando les toca.

Hay que dejar claro que un incumplimiento puntual no tiene transcendencia jurídica, sino que para que tenga repercusión a nivel judicial se debe de tratar de una conducta asidua: que el incumplimiento sea lo normal y no la excepción.

Pues bien, ante un incumplimiento, siempre aconsejamos en primer lugar, y en la medida en que sea posible, hablar con la otra parte para intentar evitar que se produzcan nuevos incumplimientos ya que, en definitiva, mediante acuerdo todo va a ser más fácil para las partes, especialmente para los hijos. Si se llega a algún acuerdo en relación a la modificación del régimen de visitas es muy importante documentarlo por escrito: instar una modificación de medidas o, si la modificación va a ser temporal, reflejarlo de algún modo por escrito (acta notarial, o incluso documento privado). No aconsejamos nunca el acuerdo verbal en estos casos.

Si el diálogo no ha sido posible y los incumplimientos se siguen produciendo, el primer paso será hacer un requerimiento por escrito al otro progenitor para que se avenga a cumplir el convenio (buro fax), y si no se atiende a este requerimiento habrá que instar la ejecución de la sentencia ante el jugado para que sea este el que conmine al incumplidor a respetar el convenio. Incluso se le puede solicitar al juzgado que aperciba al incumplidor de la imposición de multas coercitivas en el caso de perseverar en su incumplimiento.

Antes de la reforma del Código Penal el incumplimiento del régimen de visitas era constitutivo de una falta y tenía repercusión penal. Con la reforma se eliminaron las faltas del Código Penal, pero ello no quiere decir que el incumplimiento del régimen de visitas no tenga ninguna repercusión penal, pues si se ha instado la ejecución de la sentencia, y por parte de un Juez se le ha requerido para que deje de incumplir el régimen de visitas, y aún así el incumplimiento persiste, entiendo que estaríamos ante un delito de desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 556 del Código Penal, por lo que se podría abrir esta vía.

Cuando el incumplimiento de visitas es reiterado, paralelamente a la demanda de ejecución, o actuación de la jurisdicción penal, se puede interponer de manera independiente una demanda de modificación de medidas solicitando la modificación del régimen de visitas o incluso la custodia del menor, justificando dicha modificación en el incumplimiento reiterado de las obligaciones del régimen de visitas.

En cualquier caso, siempre es conveniente estar asesorado cualificadamente para hacer frente a un incumplimiento del régimen de visitas, pasa saber con certeza qué pasos hay que dar.

Enrique Soriano Gómez





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Los gastos extraordinarios de los hijos

NoticiasPostado por ecuo-abogados mié, enero 31, 2018 10:47:00



Una de las cuestiones más problemáticas y que más conflictos genera entre los padres separados o divorciados es la relativa a los gastos extraordinarios de los hijos, esto es, aquellos que no se entienden incluidos en la pensión de alimentos fijada en convenio (en procedimientos de mutuo acuerdo) o bien por sentencia (en procedimientos contenciosos). Se trata de uno de los puntos más “calientes” en la, ya de por sí, difícil relación de la ex pareja en todo lo que a los hijos comunes se refiere.

Pero, ¿qué gastos son considerados extraordinarios? ¿Quién decide sobre su cuantía o la necesidad de su desembolso? Y, llegado el caso, ¿cómo reclamarlos al progenitor que se niega a pagarlos?

Como es sabido, la pensión de alimentos es una cuantía que se impone al progenitor que no ostenta la custodia del hijo y en ella se incluyen los gastos ordinarios de este. Según nuestro Código Civil, se consideran ordinarios aquellos gastos imprescindibles para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación y formación que se han podido prever al tiempo de establecerse y son de una periodicidad regular. Su principal característica es que, siendo necesarios, son previsibles y de carácter periódico (guardería, material escolar, uniforme, comedor, etc.)

Sin embargo, junto a los gastos ordinarios, encontramos aquellos que, siendo también imprescindibles, son imprevisibles y no periódicos. Lo característico de los gastos extraordinarios es que son necesarios (por ejemplo el uso de gafas o una ortodoncia) pero no hay certeza de si se van a producir o no, ni cuándo, por lo que no pueden incluirse en la pensión de alimentos. Sobre cuáles son concretamente estos gastos no se puede establecer una lista cerrada, pues dependerá de las circunstancias concretas de cada caso, aunque, atendiendo al criterio de nuestros tribunales, en los últimos años han venido considerándose gastos extraordinarios los siguientes:

- De carácter médico: los odontológicos y tratamientos bucodentales (incluida la ortodoncia); prótesis; logopeda; psicólogo; fisioterapia o rehabilitación con prescripción facultativa; gastos de óptica o farmacia no básicos y con prescripción médica; tratamientos de homeopatía y, en general, cualquier otro gasto sanitario no cubierto por el sistema público de salud de la Seguridad Social o por el seguro médico privado que puedan tener concertado los progenitores.

- De carácter educativo: las clases de repaso o apoyo, si existe necesidad o conve­niencia de tales clases a la vista del expediente académico del hijo; las actividades extraescolares, si se revelan necesarias o indispensables para el desarrollo integral del menor; los viajes de estudios cuando se estiman, no sólo aconsejables, sino necesarios, por estar realizados por todo el curso; o el gasto de obtención del carné de conducir, entre otros.

¿Quién tiene que pagar estos gastos? La contribución a estos gastos no incluidos en la pensión alimenticia debe consensuarse de forma expresa y por escrito en el convenio y, a falta de acuerdo, deberá decidir el juez. Con carácter general, suele fijarse que los padres deberán asumir estos gastos por mitad, aunque nada impide que pueda establecerse otro reparto en función de las circunstancias económicas de cada uno.

En ocasiones, puede que la realización del gasto sea urgente, por lo que no se podrá esperar a tener la autorización judicial. En ese caso, cualquiera de los padres puede hacer el gasto que considere necesario en beneficio de los hijos. No obstante, si luego se quiere reclamar al otro progenitor la mitad de lo pagado, es aconsejable seguir una serie de pautas, como son: comunicar previa y fehacientemente al otro progenitor la realización del gasto, el motivo de su conveniencia o necesidad y adjuntar el presupuesto o factura con el nombre del profesional que lo expide. Si, aún así, el otro progenitor se niega a abonar su parte, habrá que reclamar judicialmente el gasto.

Por último, en los asuntos de familia, siempre recomiendo recurrir al sentido común y al buen entendimiento, pues de esta confrontación entre los padres, los mayores perjudicados, aunque sea indirectamente, son siempre los hijos.

Cristina García López



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