ecuo-abogados

Sobre la tramitación notarial de una herenciaNoticias

Postado por ecuo-abogados vie, noviembre 23, 2018 10:41:54

Blog imageTras el fallecimiento de una persona (causante) se abre la sucesión de la misma, configurada como el proceso por el que determinadas personas (herederos y legatarios) acaparan la posición jurídica patrimonial del causante.

Este proceso se puede realizar totalmente por vía notarial, sin necesidad de acudir a un proceso judicial o arbitral, de modo que, si existe consenso entre las personas interesadas en la herencia, lo normal es que éstas acudan a una Notaria para instar el proceso sucesorio que culmina con el reparto del patrimonio objeto de herencia entre sus herederos y legatarios.

Centrándonos en una herencia sin ningún tipo de elemento internacional y de vecindad común, lo primero que hay que hacer es recabar dos certificados, el de Defunción del causante (CD) en el Registro Civil competente y el de Ultimas Voluntades (CUV) en el Registro dependiente del Ministerio de Justicia (ambos se pueden pedir telemáticamente en la web del Ministerio de Justica). Con estos certificados sabremos si el causante ha realizado o no testamento, la fecha de su defunción y su presunta nacionalidad y domicilio, elementos que son relevantes para conocer, entre otros extremos, la ley a aplicar en la sucesión.

Si del CUV resulta que el causante otorgó testamento nos hallaremos ante una sucesión testada, por lo que habrá que obtener copia auténtica de este testamento de la Notaría en la que fue otorgado. Si por el contrario resulta de este certificado que el causante no otorgó testamento, estaremos ante una sucesión intestada, siendo la ley en este caso la que determina quiénes son herederos y en qué porcentaje heredan, y, por otro lado, será necesario crea en la Notaría un título sustitutivo del testamento denominado “Declaración de Herederos Intestados” (DHI) para determinar quiénes son los concretos herederos. Por tanto, hay dos modalidades de sucesión, la testada (hay testamento) e intestada (no hay testamento), pero además, en determinados supuestos, puede concurrir una combinación de ambas, si bien excede del contenido de este artículo.

Respecto a la realización de la DHI señalar que, hasta la entrada en vigor en julio de 2015 de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, ésta se podía hacer en la Notaría si los herederos intestados eran hijos, padres o cónyuge del causante, y en el Juzgado competente en los demás casos (hermanos, sobrinos, colaterales hasta 4º grado, etc.); sin embargo, tras la entrada en vigor de esta nueva ley, todas las DHI se tramitan en la Notaria a excepción de las herencias que sean a favor del Estado o Comunidad Autónoma.

En cuanto a la tramitación de la escritura de DHI, señalar que: 1) es necesario realizar publicaciones mediante edicto dirigidas a dar a conocer a los posibles interesados la tramitación de la herencia para que pueda comparecer y alegar lo que estimen oportuno; 2) es precisa la intervención de dos testigos que conozcan al causante y a su familia y declaren sobre la veracidad de ello (relaciones de parentesco, domicilio, etc.); y 3) deben incorporarse ciertos documentos como CD, CUV, libros de familia, certificados de nacimiento, entre otros.

Articular una sucesión intestada es relativamente sencilla, pues la ley determina quiénes son herederos y en qué porcentaje heredan; otra cosa es la sucesión testada, pues el causante regula su sucesión y con ello puede lesionar el derecho de los “herederos forzosos” porque, por ej., les deje menos de lo que les corresponde, debiendo ser respetuoso en el reparto con la legítima de éstos, para lo que es preciso, antes de proceder a la adjudicación de la herencia, saber qué le corresponde a cada uno a través del cálculo de la legítima, teniendo en cuenta para ello, entre otros extremos, las donaciones hechas en vida por el causante y los bienes que restan en la herencia.

En nuestro ordenamiento jurídico nadie se convierte en heredero si no acepta la herencia, y una forma de hacerlo, si entre todas las partes interesadas hay consenso sobre su condición de heredero y sobre cómo quieren partir y adjudicarse el patrimonio de la herencia, es a través de la Escritura notarial de Aceptación y Adjudicación de Herencia, que describirá el inventario de este patrimonio (activo –bienes y derechos- y pasivo –gastos y deudas-), formará los lotes a repartir y formalizará a favor de cada heredero la adjudicación del correspondiente lote, del que se convertirá en titular; sin embargo, si no hay este consenso entre los interesados, lo normal es que no haya otra salida que la judicial o arbitral para dilucidar el proceso sucesorio en el que concurran.

José Román Morales Ros



BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EDIFICIOSNoticias

Postado por ecuo-abogados mié, noviembre 14, 2018 13:14:41

Blog image


Desde hace ya un tiempo se ha ido evidenciando un grave problema en las comunidades de vecinos de los edificios: el envejecimiento de la población y los problemas de accesibilidad en los edificios. Muchos edificios antiguos no cuentan con ascensor, o con rampas, y es muy normal que en ellos vivan personas mayores que adquirieron en su momento la vivienda, y que hoy en día tienen la movilidad reducida y precisan de ayuda para superar estas barreras arquitectónicas.

La obligación de que no existieran barreras arquitectónicas, no existía hace unos años en la legislación, y por ello podemos ver en muchos edificios de viviendas, que a nivel de fachada ya existían escalones para acceder al zaguán que nos daba acceso al ascensor cuando existía el mismo, y de aquí a nuestra vivienda. Hoy en día todavía hay muchos edificios que por su diseño dificultan la accesibilidad, y con ello existencia de barreras arquitectónicas.

Pues bien, siendo conscientes de estos problemas, y del deber que tenemos todos para eliminar estas barreras arquitectónicas, de manera que la accesibilidad sea universal, el legislador ha venido regulando esta materia y así, la ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, cuyo plazo de aplicación terminó el pasado 4 de diciembre de 2017, asegura que todos edificios mejoren su accesibilidad para personas con discapacidad o personas mayores. Esta ley fija, además, la obligación para las comunidades de vecinos de obtener un Informe de Evaluación de Edificios (IEE) para acreditar que su edificio cumple con la normativa vigente.

Pero en cuanto a lo que a las Comunidades de Propietarios afecta directamente, debemos destacar las modificaciones que se realizaron en la Ley de Propiedad Horizontal para regular estos temas.

Así pues, según la mencionada Ley, los propietarios de los pisos donde habiten o trabajen personas con discapacidad y mayores de setenta años, pueden solicitar a la comunidad de propietarios la realización de las obras o actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes en materia de accesibilidad universal, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior. El coste de estos no debe ser superior a las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, descontadas las subvenciones o las ayudas públicas que pudieran corresponder.

Estos importes son los correspondientes al presupuesto general y no con el que pudiera corresponder individualmente a cada propietario, y las mensualidades no hay que pagarlas en un año, sino que ese es el límite económico, pero las derramas pueden ser pagadas en un año, dos, tres, etc., depende de que cómo haya que abonar el importe al que hace la obra o instalación.

En este caso, y si se cumplen todos estos requisitos, todos los propietarios estarán obligados al pago de los gastos que se generen, sin necesidad de aprobación en la Junta General de Propietarios.

Puede darse el caso de que el presupuesto para la instalación del proyecto sea mayor al referente a una anualidad de las mensualidades ordinarias. Si fuera así, nos podemos encontrar con dos escenarios: es posible que el afectado decida asumir él el resto del presupuesto de la obra que supere el mencionado de una anualidad. En este caso seguirá sin ser necesaria la aprobación de las obras a realizar por la Junta de Propietarios. Pero si el interesado no quiere asumir en exclusiva el coste de lo que supera de una anualidad de gastos comunes, entonces será necesario un acuerdo comunitario, señalando la Ley que deberá alcanzarse el quórum de la mayoría de la totalidad de cuotas y propietarios. Si se lleva a este acuerdo todos estarán obligados al pago.

Pero, ¿qué pasa si aun cumpliendo todos los requisitos para que se asuma por la Comunidad de Propietarios la eliminación de las barreras existentes, esta se niega a hacerlo?, ¿qué puede hacer el propietario que no ve atendidas sus peticiones? Es decir, si nadie hace caso a sus propuestas, ni siquiera se convoca Junta, entonces, ¿cómo actúa el solicitante?

En este caso no le quedara otro remedio que interponer una demanda de Juicio Ordinario contra la Comunidad.

Lo mismo pasará en el caso de que la Comunidad, en la celebración de la Junta no admita el proyecto propuesto por el vecino afectado, aunque en este caso, tendrá que impugnar con el mismo conducto procesal citado en el plazo de tres meses que establece el art. 18.1 c) de la Ley de Propiedad Horizontal .

Y, ¿cómo debe actuar la Comunidad si recibe una solicitud de supresión de barreras arquitectónicas? Pues esta deberá contestar en el plazo de 60 días dando su consentimiento o manifestando su oposición razonada al proyecto o a la ejecución de las obras; también podrá proponer las soluciones alternativas que estimen pertinentes. En este último supuesto, el solicitante deberá comunicar su conformidad o disconformidad con anterioridad al ejercicio de acciones.

En todo caso, cuando la diferencia de criterios entre el vecino discapacitado y la comunidad sea insalvable, no quedará más remedio que acudir a la solución judicial.

Enrique Soriano Gómez



El IRPF de la maternidadNoticias

Postado por ecuo-abogados vie, octubre 26, 2018 12:59:54

Blog image
Las prestaciones por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia que, desde Ecuo Abogados, llevábamos tiempo esperando. No en vano, hace casi dos años anunciábamos, a través de este medio, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que estimaba la pretensión de una contribuyente y obligaba a la Agencia Tributaria a devolver las cantidades indebidamente retenidas por este concepto y que, ahora, el alto Tribunal ha venido a confirmar.

La prestación de maternidad es una prestación pública que trata de cubrir la pérdida de rentas o ingresos que sufren las trabajadoras cuando se suspende el contrato o se interrumpe su actividad para disfrutar de los periodos de descanso por maternidad, adopción, acogimiento y tutela, legalmente establecidos, durante 16 semanas ininterrumpidas.

Esta prestación, consistente en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora y abonada por la Seguridad Social, ha venido siendo considerada, hasta ahora, como rendimiento del trabajo, por lo que el dinero que se cobraba durante la baja había que incluirlo en la declaración de la renta.

Pero el Tribunal Supremo, en su sentencia de 3 de octubre, ha interpretado que “la prestación por maternidad a cargo del INSS puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero letra h del artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuando dispone que " Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad". En consecuencia, ha venido a establecer como doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.

No es de extrañar que la sentencia haya causado una enorme repercusión social, sobre todo si se tiene en cuenta que abre la puerta a que aproximadamente un millón de contribuyentes recuperen el dinero pagado de más, que se estima en unos 1.000 millones de euros.

Pero ¿quiénes tienen derecho a obtener la devolución de las cantidades retenidas derivadas de la prestación por maternidad? Podrán beneficiarse de esta decisión las mujeres que hubieren cobrado esta prestación, así como los hombres que hubieran compartido su disfrute junto con la madre.

¿Desde cuándo se puede reclamar? Sólo podrán reclamar aquellas personas que hubiesen percibido una prestación por maternidad desde el año 2014 en adelante, pues las cantidades correspondientes a años anteriores habrán prescrito (artículo 66 y siguientes de la Ley General Tributaria), por lo que las declaraciones correspondientes al ejercicio 2014 se podrán reclamar hasta junio de 2019.

¿Cómo se reclama? A falta de que la Agencia Tributaria confirme en los próximos días si habilita un procedimiento para atender las reclamaciones, la vía para reclamar la devolución de estas cantidades pagadas en concepto de IRPF consistirá en la presentación de un escrito de solicitud de rectificación de autoliquidación y la consiguiente devolución de las cantidades.

En cuanto a las prestaciones percibidas durante este año, se prevé que en la próxima campaña de renta la Agencia Tributaria la incluya como renta exenta y las retenciones soportadas durante este ejercicio se consideren plenamente deducibles.

En el caso de que Hacienda estime la rectificación, procederá a devolver las cantidades indebidamente ingresadas, más los intereses de demora correspondientes.

En el caso de solicitudes de rectificación de declaraciones que hayan sido desestimadas con anterioridad a la fecha de la sentencia y tengan vivo su procedimiento por haber recurrido, también podrán solicitar la estimación bajo el dictamen del Supremo.

Cristina García López



El Patrimonio Protegido de las personas con discapacidadNoticias

Postado por ecuo-abogados mar, octubre 16, 2018 12:22:38

Blog image

El Patrimonio Protegido de las personas con discapacidad es una figura muy poco conocida en nuestra sociedad, y sin embargo, además de su importante finalidad de atender las necesidades vitales de una persona discapacitada, reporta beneficios fiscales a su beneficiario, la persona con discapacidad, como a sus familiares.

Esta figura jurídica fue creada por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad, que la configura como una masa patrimonial integrada por bienes y derechos que se ponen al servicio de una persona discapacitada, que pasa a ser su titular y beneficiario, para que a través de unos mecanismos adecuados garantice, junto con sus frutos y rendimientos, la atención de sus necesidades vitales presentes y futuras, tales como los gastos habitacionales, de manutención, cuidados médicos y personales. Este patrimonio se nutre principalmente de las aportaciones que realicen los familiares y de los frutos que estos bienes y derechos generen a lo largo del tiempo.

El titular de este patrimonio es la persona discapacitada, y queda diferenciado del resto de su patrimonio aunque sin ostentar personalidad jurídica propia. El fundamento de esta diferenciación es, por un lado, asegurar la afectación de sus bienes y derechos a la satisfacción de las necesidades vitales de su titular y, por otro, poder someterlo a una administración y supervisión específica.

Su titular debe ser una persona con discapacidad psíquica en un grado igual o superior al 33%, o física o sensorial en un grado igual o superior al 65%, y la decisión de constituirlo puede ser tomada y llevada a cabo por el propio beneficiario si tiene capacidad de obrar suficiente o, si no fuera así, por sus padres, tutores, curadores y, en un determinado caso previsto legalmente, por el guardador de hecho.

El Patrimonio Protegido ha de constituirse en documento público, normalmente en escritura pública, que al menos contendrá: a) el inventario de bienes y derechos que inicialmente lo constituya; b) la designación del administrador o administradores si el titular no tuviese capacidad de obrar, y el procedimiento de su elección; c) las reglas de administración y, en su caso, de control de las decisiones que se adopten; y, d) cualquier otra disposición que se considere oportuna respecto a la administración o conservación del mismo. Una vez constituido este patrimonio, el notario autorizante de la escritura comunicará su constitución y contenido al Fiscal competente en la circunscripción territorial del domicilio de la persona con discapacidad.

La aportación de bienes y derechos posteriores a la creación de este patrimonio, que siempre será a título gratuito, deberá realizarse también en escritura pública, pues en caso contrario no habrá beneficio fiscal, y puede ser realizada por cualquier persona con interés legítimo, no siendo necesario que sea familiar de la persona discapacitada, si bien deberá contar con la aceptación de ésta si tiene capacidad de obrar o, en defecto, de sus padres, tutores o curadores. El aportante podrá establecer el destino que deba darse a los bienes o derechos que aporte al Patrimonio Protegido.

El beneficiario del patrimonio será su administrador si tiene capacidad de obrar o la persona nombrada al efecto conforme a las reglas previstas en su escritura de constitución (normalmente los padres de forma solidaria o mancomunada, u otros familiares o persona de confianza de la familia), exigiendo la ley en este último caso autorización judicial para realizar determinadas operaciones que pueda conllevar el menoscabo del patrimonio protegido (enajenar o gravar inmuebles, renunciar a derechos, hacer gastos extraordinarios, etc.). Por otro lado, el Fiscal competente supervisará la administración de este patrimonio y podrá instar, de oficio o a instancia de cualquier persona, al Juez medidas en beneficio de la persona con discapacidad como la sustitución del administrador, normas especiales de fiscalización, etc. Además, cuando el administrador no sea el propio beneficiario o sus padres deberá rendir cuentas de su gestión al Fiscal cuando éste lo interese o, en todo caso, anualmente, mediante la remisión de una relación de su gestión y un inventario de bienes y derechos que formen el Patrimonio Protegido, y en esta labor el Fiscal contará con el apoyo y asesoramiento de la Comisión de Protección Patrimonial de Personas con Discapacidad, creada por la Ley 41/2003.

La constitución de este patrimonio tiene beneficios fiscales; así: 1) para el beneficiario, las aportaciones que se realicen dentro de ciertos límites económicos tendrán la consideración de rendimiento del trabajo sujetas al IRPF, y en lo que exceda de estos límites tributará como donación, que en el ámbito de la Región de Murcia tiene una deducción del 99% de la cuota en los grupos de parentesco I y II; y 2) en cuanto a los aportantes de bienes y derechos, éstos podrán beneficiarse de una reducción de su base imponible del IRPF hasta un límite máximo anual, si bien sólo podrán disfrutar de este beneficio quienes tengan una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, así como el cónyuge de la persona discapacitada o quienes lo tuvieren bajo su cargo en régimen de tutela o acogimiento.

Realmente el Patrimonio Protegido es una figura adecuada para garantizar que las personas con discapacidad puedan atender sus necesitares vitales de forma permanente, contando además con beneficios fiscales, por lo que si Ud. o alguien de su entorno puede estar interesado en un conocimiento más detallado no dude en solicitar asesoramiento jurídico.

José Román Morales Ros



PRÉSTAMOS O DONACIONES AL MATRIMONIONoticias

Postado por ecuo-abogados lun, octubre 01, 2018 11:28:52

Blog image


Últimamente están llegando al despacho bastantes casos que tienen un denominador común: la falta de prevención antes de que se produzca el problema. Como en estos casos entendemos que la única manera de prevenir es contar con información, intentaremos aportar un poco de ese bien preciado.

Es muy común en los matrimonios con apuros económicos acudir a la ayuda de la familia. En los tiempos que corren los abuelos ejercen un pilar básico, tanto de ayuda para la crianza de los hijos, como de sustento económico. Y es en este último caso en el que pueden surgir problemas que queremos resaltar.

Partimos del presupuesto de un matrimonio regido por el régimen económico de gananciales, que es el que rige en nuestro derecho común si no se dice nada, y en el que tampoco se han otorgado capitulaciones matrimoniales. Este matrimonio, en momentos de crisis económica acude a pedir ayuda a los padres de uno de los cónyuges, y éstos acuden de buen agrado a su ayuda prestándole dinero o haciendo frente a las deudas que pudieran tener, como por ejemplo el pago de la hipoteca que el matrimonio no puede afrontar.

Después de esa crisis financiera el matrimonio continúa desarrollándose con normalidad, hasta que en un momento dado la relación entre los cónyuges empeora y se ven envueltos en un procedimiento judicial de divorcio, y simultáneamente o posteriormente, en un procedimiento de disolución de sociedad de gananciales.

Y es en ese momento de liquidación de sociedad de gananciales donde surgen los problemas con esos créditos que los padres de unos de los cónyuges otorgaron al matrimonio para que este pudiera hacer frente a sus deudas en un momento de crisis. ¿Qué ocurre con estos créditos? Pues bien, esto depende mucho de lo que se haya hecho previamente con respecto a la gestión de los mismos.

Lo más común es que este dinero se entregue al matrimonio sin documentarlo de ninguna forma. Este es el caso más difícil, pues si no contamos con la colaboración del otro cónyuge que reconozca la existencia de dicha deuda, los padres del otro cónyuge van a tener que recopilar la documentación que lo acredite, y esto en muchas ocasiones se convierte en misión imposible.

Pero es más, una vez que tengamos la documentación acreditativa, habrá que probar que dicha entrega de dinero se realizó en concepto de donación a uno solo de los cónyuges, o de préstamo al matrimonio, pues si se entendiera que es una donación a la sociedad de gananciales (lo que es cierto en la mayoría de los casos) no se podrá reclamar nada y esas cantidades no constarán como pasivo de la sociedad de gananciales.

Asa pues, la solución a estos futuros problemas es documentarlo bien en el momento de hacer la entrega de la ayuda al matrimonio. Somos conscientes de la dificultad que tiene formalizar estas operaciones en un momento en el que la convivencia en el matrimonio es estupenda y nadie se puede esperar enfrentarse a una futura crisis, pero la experiencia nos hace ver que hasta las parejas mejor avenidas pueden sufrir crisis, y como más vale prevenir que curar, con toda la diplomacia del mundo para no herir sensibilidades, debemos documentar estas entregas de dinero que los padres hacen a sus hijos para ayudar al matrimonio.

Dependiendo del trato que se le de a esa entrega, tendrá unas consecuencias u otras en una hipotética disolución de gananciales:

- Así, se puede documentar como una donación que se hace al hijo personalmente (nunca a la sociedad de gananciales o al matrimonio, porque si no, no se podrá solicitar este crédito en el futuro). Para esto sería conveniente documentar en un contrato la condición de donación al hijo, realizar el ingreso en una cuenta personal de éste, y luego, que el mismo realice el traspaso a la cuenta común del matrimonio. De esta forma quedará acreditado que el crédito es una donación a un hijo, y por lo tanto es privativo de éste. El hijo pagará con su dinero privativo la carga del matrimonio, y en el momento de la disolución de gananciales tendrá un crédito sobre la misma.

- También se puede instrumentalizar como un préstamo que los padres hacen al matrimonio constituido por su hijo. En este caso, aunque los padres no tengan la intención real de reclamar el dinero, conviene establecer un contrato, y siendo escrupulosamente cuidadoso, realizar alguna reclamación del mismo por escrito una vez pasado un tiempo. En este caso, si se llega a producir la disolución de gananciales, los padres del cónyuge contarán con un crédito sobre ésta suficientemente documentado para podre proceder a su reclamación.

Entendemos que la casuística en estos casos puede ser muy variada, y existirán seguramente abundantes matices que nos hagan decidirnos por una solución u otra, pero con este artículo solo pretendemos arrojar un poco de luz en estos casos y hacer énfasis en la importancia de prevenir futuros problemas mediante un adecuado asesoramiento.

Enrique Soriano Gómez





PENSIÓN COMPENSATORIA:Noticias

Postado por ecuo-abogados mié, septiembre 12, 2018 11:30:22



Blog image
¿Cúando se extingue la pensión compensatoria?

El pasado mes de julio tuvimos ocasión de conocer la última sentencia del Tribunal Supremo sobre uno de los temas que más literatura judicial genera en materia de familia: la pensión compensatoria.

Como sabemos, esta pensión puede originarse con la separación o divorcio puede ser definida como una prestación económica a favor de un esposo y a cargo del otro tras la separación o divorcio del matrimonio, cuyo reconocimiento exige básicamente la existencia de una situación de desequilibrio o desigualdad económica entre los cónyuges o ex cónyuges (…) y el empeoramiento del que queda con menos recursos respecto de la situación económica disfrutada durante el matrimonio”. Esto es, la cantidad de dinero que ha de abonar uno de los cónyuges a su ex cónyuge tras el divorcio, siempre que se encuentre en una posición de desequilibrio económico al haber empeorado su situación respecto a la que tenía durante la vigencia del matrimonio.

Como ya comentamos en un artículo anterior, esta pensión, que puede tener carácter temporal o indefinido, se extingue por cesar la causa que la motivó (que el cónyuge que la percibe haya mejorado su situación económica), por contraer nuevo matrimonio o por convivir maritalmente con otra persona el beneficiario/a de dicha pensión.

Pues bien, con respecto a este último supuesto, la reciente sentencia del Tribunal Supremo establece que la extinción del derecho a la pensión se produce desde el momento en que se contrae nuevo matrimonio o cuando se inicia la convivencia con la nueva pareja, y no desde la fecha en que se interpone la demanda o desde que se dicta la sentencia que declara la extinción, como venía entendiéndose hasta ahora. Su novedad, por tanto, consiste en adelantar considerablemente el momento en que se produce la causa de extinción de la prestación.

Considera el Alto Tribunal que la causa de extinción consistente en contraer nuevo matrimonio, o convivir maritalmente con otra persona, tendrá que producir su efecto desde que este hecho se produce, con independencia de la fecha en que se interpone la demanda y se dicta sentencia decidiendo sobre la extinción.

En palabras del propio Tribunal: la razón de ser de la pensión compensatoria está en relación con la comunidad de disfrute entre dos personas -unidas por matrimonio- de una determinada posición económica, lo que da lugar a que, extinguido el vínculo, deba ser compensado aquel de los cónyuges que sufre un desequilibrio perjudicial respecto de la situación en que se encontraba vigente el matrimonio; compensación que se extinguirá cuando esa comunidad de disfrute de instaura de nuevo con otra persona”.

Según esta doctrina, el hecho de contraer nuevo matrimonio es directamente causa de extinción de la pensión compensatoria, mientras que en el caso de convivencia del perceptor de la pensión con otra pareja, el momento de la extinción deberá determinarse a través de la prueba de la convivencia y la fecha de inicio de esta. La necesidad de probar este extremo recaerá sobre la persona que se propone extinguir dicha pensión. Esta será la encargada de probar cumplidamente en el Juzgado que la persona beneficiaria de la pensión convive maritalmente con otra persona. Circunstancia cuya prueba no siempre resulta fácil, pues el perceptor suele llevar esta relación con cuidada discreción, a efectos de no verse privado de la pensión compensatoria.

Será necesario recabar informes de detectives privados, testigos, o documental consistente en publicaciones de redes sociales que permitan acreditar esa convivencia análoga a la marital.

En síntesis, la obligación de pagar pensión compensatoria se extinguirá desde el momento en que la persona que la recibe contraiga nuevo matrimonio, o pase a convivir con otra pareja. No obstante, será necesario seguir abonándola hasta que un juez se pronuncie sobre esta cuestión, en cuyo caso se tendrá derecho a reclamar lo pagado durante el tiempo que transcurra entre el hecho que causó la extinción y la sentencia que la declare.

Cristina García López







Actualización de la renta en los alquileresNoticias

Postado por ecuo-abogados mar, julio 17, 2018 12:55:39

Blog imageEs típica la cláusula en los contratos de arrendamiento de vivienda, también en los de uso distinto a vivienda, que establece la posibilidad de actualizar la renta al vencimiento de cada una de las anualidades del contrato, y sin embargo también es muy común que el arrendador no haga uso de esta facultad, quizá por dejación, desconocimiento, etc., y se limite a cobrar el mismo importe de renta que venía cobrando en la anualidad anterior.

El no ejercicio de este derecho por el arrendador conlleva una serie de consecuencias jurídicas relevantes, y que sucintamente expondré más adelante.

En los arrendamientos de vivienda la actualización de la renta debe ser anual y hacerse de forma sucesiva para cada uno de los años de vigencia del contrato (incluida sus prórrogas); de este modo, la renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a aquel en el que reciba la notificación por escrito de la parte arrendadora, en el que ha de expresar el porcentaje de alteración que ha sido aplicado en la actualización y debe acompañar, si el arrendatario lo exigiera, el certificado del Instituto Nacional de Estadística (INE) que justifique esta alteración.

En la gran mayoría de los contratos se acude para la actualización de la renta a la variación porcentual experimentada por el índice general nacional del sistema de índices de precios de consumo (IPC) en un periodo de 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, siendo éste el índice aplicable en defecto de acuerdo de las partes en otro sentido, a excepción de los contratos firmados a partir del 1 de abril de 2015, a los que le son de aplicación la modificación experimentada por el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 (LAU), que establece como índice de referencia en defecto de acuerdo de las partes el relativo a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de cada revisión, el cual, sobre el papel, es más estable que el IPC al experimentar menos fluctuaciones.

Otra novedad importante de esta modificación, que es aplicable sólo a los contratos firmados tras su entrada en vigor, es la no posibilidad de actualizar la renta si esta facultad no está expresamente prevista en el contrato, a diferencia de lo que ocurre con los contratos firmados con anterioridad, que cabe por imperativo legal exigir su actualización conforme al IPC aunque nada prevea el contrato al respecto.

En relación al supuesto planteado inicialmente de que ninguna de las partes, normalmente el arrendador, no haya actualizado la renta en alguna de sus anualidades, cabe formular diversas cuestiones de interés, entre la que destaco las siguientes:

- ¿Qué renta base debe ser tenida en cuenta para calcular la actualización para la siguiente anualidad del contrato? según la doctrina jurisprudencial mayoritaria, en defecto de acuerdo, la renta base sobre la que calcular la actualización no es la renta inicialmente pactada (ésta solo sirve de base para la primera actualización), sino la acumulada, esto es, la renta que hubiera sido exigible en la anualidad inmediatamente anterior si se hubiese actualizado la renta durante cada uno de los años vencidos del contrato.

- Si no se ha actualizado la renta en una o varias anualidades del contrato ¿el arrendador podría reclamar posteriormente el importe dejado de percibir? en el caso de que el arrendador no haya ejercido en su momento la facultad de actualizar la renta para la anualidad siguiente, la doctrina entiende que esto supone una renuncia al incremento de la renta que le hubiese correspondido percibir y, por tanto, a posteriori no tendría derecho a reclamar su importe.

En este sentido, cabe recordar que el artículo 18 de la LAU establece que la actualización será exigible a partir del mes siguiente a aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito, debiendo expresar el porcentaje de alteración aplicado y acompañando, si el arrendatario lo exigiera, certificación del INE que lo justifique; por tanto, no cabe reclamar el importe de incrementos anteriores sino solo posteriores a esa notificación.

- ¿Es posible una revisión de la renta a la baja, o solo cabe al alza? conforme a la variación que experimente el índice de referencia que resulte de aplicación en cada caso, se podría exigir un incremento o una disminución de la renta según esta variación sea en sentido positivo o negativo, respectivamente.

De cuanto antecede cabe concluir que las partes (normalmente el arrendador) deben tener una posición contractual activa para que tenga lugar la actualización de la renta prevista en el contrato, pues ésta no es de aplicación automática, y evitar de este modo los perjuicios económicos que su pasividad pudiera la acarrear.

José Román Morales Ros



EL VERANO DE LOS INTERINOS DOCENTESNoticias

Postado por ecuo-abogados mar, julio 03, 2018 12:57:21

Blog imageA pesar de encontrarse inmersos en pleno proceso selectivo de oposiciones, el colectivo de interinos docentes tiene motivos para la alegría. Y ello se debe a que la semana pasada tuvimos ocasión de conocer la sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado nula una práctica cuyo origen se remonta al año 2012 y que, por razón de la crisis económica se extendió a, prácticamente, todas las Comunidades Autónomas. Hablamos del cese de los profesores interinos no universitarios en el mes de junio, evitando así tener que pagarles los meses de julio y agosto, y su posterior reincorporación en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

Pues bien, el alto tribunal concluye que con esa medida se vulnera el principio de no discriminación entre los docentes interinos de año completo y los funcionarios de carrera recogido en el Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/707 CE. Además, ha señalado que las razones de índole presupuestaria no pueden justificar una normativa que conduzca a esta diferencia de trato.

El origen de este pleito tuvo lugar mediante la impugnación, por parte de una asociación de interinos docentes de la Región de Murcia, del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 24 de febrero de 2012. Dicho acuerdo venía a suspender los derechos retributivos del cuerpo de docentes interinos, reconocidos en el año 2004, limitando la duración de sus servicios “al tiempo que duren las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento y se mantendrá mientras persistan las razones de urgencia o necesidad que lo justificaron, cesando, como máximo el 30 de junio de cada año. En consecuencia con fecha 30 de junio de 2012, se extinguirán los contratos vigentes del personal docente interino.”

A partir de entonces, los interinos fueron nombrados a principio de cada curso escolar con la finalidad de desempeñar las funciones propias de un profesor docente a lo largo del mismo, siendo cesados al concluir el periodo lectivo del mismo (30 de junio), que no el periodo escolar.

El Tribunal ha entendido que estos profesores realizan un trabajo idéntico o similar a los funcionarios de carrera; cuyas funciones no son sólo las de estricto carácter lectivo, sino también otras que normalmente se llevan a cabo en el mes de julio del curso escolar y que, además, contribuyen a la mejor preparación del profesorado y a la mejor o más eficaz prestación del servicio educativo, como pueden ser las de análisis del curso, elaboración de la memoria escolar, programación del curso siguiente, entre otras.

Por tanto, concluye que este diferente trato carece de justificación objetiva, por lo que el acuerdo impugnado vulnera el principio de no discriminación que impone la Cláusula 4 del Acuerdo Marco antes referido.

Si bien es cierto que, excepto Castilla la Mancha, todas las Comunidades Autónomas han ido restableciendo este derecho a los interinos, la repercusión práctica de esta sentencia abre la vía para que miles de afectados recurran ante a la respectiva Comunidad Autónoma y ante los tribunales esta vulneración de derechos producida años atrás.

Las reclamaciones no solo podrán dirigirse a reclamar las retribuciones dejadas de percibir por los meses de julio y agosto de los últimos cuatro años (más allá de 2014 habrán prescrito), sino también otros derechos como la falta de cotización a la Seguridad Social, los atrasos por trienios o sexenios, los días de vacaciones no retribuidas, el cómputo de la antigüedad y, lo que es más importante, el reconocimiento de los méritos a computar en el baremo y a valorar por la Administración llegado el caso.

Además, se trata de una sentencia que afecta a todos los profesores, sin establecer diferencias en función del carácter público o privado del empleador para el que trabajan.

Desde Ecuo Abogados recomendamos reclamar, primero en vía administrativa y, si la Administración no atendiera nuestra petición, tendremos que acudir a la vía judicial para que sean los jueces quienes, en última instancia, reconozcan estos derechos de los que han sido indebidamente privados los profesores interinos.

Cristina García López