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A través de este blog le mantendremos informado de las principales novedades jurídicas y de aquellas cuestiones legales que, en la práctica, puedan resultarle de especial interés.

LOS GASTOS HIPOTECARIOS II: NOVEDADES

NoticiasPostado por ecuo-abogados mié, marzo 21, 2018 10:14:09

En un artículo publicado meses atrás tuvimos ocasión de tratar el tema de la reclamación a los bancos de los gastos de constitución de hipoteca, que prácticamente la totalidad de consumidores abonan al momento de su formalización. Ya entonces adelantábamos que, en lo que se refería al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, existía disparidad de criterios judiciales a la hora de establecer a quién correspondía, efectivamente, su pago (si al banco o al consumidor).

Pues bien, la duda ha quedado despejada tras la reciente sentencia, de 28 de Febrero, en la que el Tribunal Supremo, unificando doctrina, ha inclinado la balanza del lado de la banca. Aunque aún no se ha publicado el texto íntegro de la sentencia, sí ha trascendido el sentido del fallo. Este ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario (el consumidor), y por tanto, es a él a quien corresponde hacerse cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, gravamen que supone entre el 60 y el 70 % de los gastos totales de la escritura.

No obstante, no se descarta que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que este, que ya falló en contra del criterio establecido por el Tribunal Supremo en lo referente a la retroactividad de la devolución de lo cobrado de más por las cláusulas suelo, se pronuncie en un sentido diferente.

Pero mientras eso sucede, cabe preguntarse qué gastos, abonados al constituir una hipoteca, son susceptibles de ser reclamados en la actualidad con posibilidad de éxito. Hablamos de los gastos causados por la tasación del inmueble, la minuta del notario, los aranceles del Registro de la Propiedad, y lo cobrado por la gestoría que se encarga de realizar todas estas operaciones. Y aunque, si bien es cierto, la cantidad más jugosa es la correspondiente al impuesto, no por ello debe renunciarse a reclamar cantidades que, en algunos casos, ascienden a los 1.500 €.

Tradicionalmente los bancos han cargado estos importes al consumidor mediante la inclusión de una cláusula en la hipoteca que, sin negociación previa y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de todos los gastos al consumidor, a pesar de que ley, según los distintos supuestos, hace una distribución de los mismos. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 23 de diciembre de 2015, estableció que esas cláusulas son abusivas y por tanto nulas, aunque ahora haya modificado el criterio en lo que al Impuesto de Actos Jurídicos se refiere.

A ello hemos de añadir la cláusula de Comisiones de Apertura, cuya validez ha comenzado a cuestionarse por parte de numerosos juzgados y que puede suponer una cantidad nada desdeñable: alrededor del 1% del principal del préstamo.

Para conocer la cantidad que se puede reclamar en cada caso, necesitaremos recopilar la escritura de préstamo hipotecario, así como los justificantes de abono de los gastos: las facturas de tasación, notaría, registro, gestoría e impuestos.

A continuación, aconsejamos comenzar presentando una reclamación al servicio de atención al cliente de nuestra entidad. En el caso de que el banco no atienda la petición, o la cantidad que ofrezca no resulte satisfactoria para el cliente, acudiremos a la vía judicial.

No renuncie a la posibilidad de recuperar lo que es suyo.

Cristina García López





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Novedades del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

NoticiasPostado por ecuo-abogados lun, marzo 05, 2018 09:58:47



Novedades en la Región de Murcia del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.



A partir del 1 de enero de este año entró en vigor una las modificaciones normativas más esperadas en la Región de Murcia, relativa al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por su gran repercusión económica en la inmensa mayoría de herencias y donaciones que deban tributar en la Región, hasta el punto que este impuesto tiene ahora escasísima repercusión económica para la gran mayoría de los bolsillos de los beneficiarios de una herencia, legado o donación (herederos, legatarios y donatarios).

Desde el pasado 1 de enero a las adquisiciones, tanto mortis causa (sucesión) como ínter vivos (donación), se aplica una deducción autonómica del 99 % de la cuota que resulte una vez aplicadas las deducciones estatales y autonómicas que, en su caso, procedan, si el beneficiario de la herencia, legado o donación (sujeto pasivo del impuesto) está dentro de una de las categorías familiares incluidas en los Grupo I y II del artículo 20.2 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, esto es, si es descendiente (hijo, nieto, biznieto), adoptado, cónyuge, ascendiente (padre, abuelo, bisabuelo) o adoptante del fallecido (causante) o donante, por tanto quedan excluidos, entre otros familiares, hermanos, sobrinos y primos del causante o donante.

A modo de ejemplo de la gran repercusión que esta modificación normativa tiene en el importe a satisfacer en concepto de este impuesto a partir de 1 de enero de 2018, y sin tener en cuenta la aplicación de reducciones especiales o cualificadas y otras deducciones, que podrían minorar aún más la cuota a satisfacer, citaré dos supuestos hipotéticos:

a) si lo que se hereda tiene un valor neto de 200.000 €, en caso de que el fallecimiento del causante hubiese acontecido antes del año 2018, se debe pagar en concepto del impuesto la cantidad aproximada de 11.300 € y, si tuvo lugar a partir de 2018, unos 282 €; y,

b) si lo que se dona tiene un valor neto de 65.000 €, si la donación tuvo lugar antes del 2018 se debe pagar 1.930 € aproximadamente, y unos 48 € si ha tenido lugar a partir de este año.

Es evidente, por consiguiente, la rebaja en el importe a satisfacer a la Administración si el hecho (fallecimiento o donación) tuvo lugar a partir del 2018 y el beneficiario se halla en uno de los dos grupos citados de parentesco con el causante o donante.

Es importante resaltar que en el caso de las donaciones, para poder beneficiarse de esta deducción, es imprescindible que esta se formalice en documento público (ej. escritura pública) y además, si lo donado es dinero en metálico o en cuenta corriente, ahorro, a la vista o plazo, se debe justificar el origen de los fondos donados y manifestar este origen en el documento público en el que se efectúe la donación.

Por otro lado, para poder beneficiarse de esta deducción autonómica del 99% sobre la cuota del impuesto, es imprescindible presentar la declaración-liquidación del impuesto (modelo 650 para sucesiones y 651 para donaciones) ante la Administración Regional (Oficinas de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia dependientes de la Consejería de Economía y Administraciones Públicas) en el plazo de 6 meses desde el fallecimiento del causante, con posibilidad de prórroga de otros 6 meses si esta es solicitada dentro de los 5 primeros meses por los interesados, y en el plazo de 30 días hábiles desde que tuvo lugar la donación.

Junto a esta declaración-liquidación del impuesto debe presentarse, entre otra documentación:

- en el caso de sucesiones, escritura pública de adjudicación de herencia o, en defecto, documento privado firmado por todos los herederos que contenga, entre otros extremos, relación de los presuntos herederos, de los bienes y derechos de la herencia y su valor, de las deudas y cargas, etc., certificado de defunción y de últimas voluntades del causante, su testamento o, en su caso, declaración notarial de herederos, título acreditativo de la propiedad del causante u otro derecho sobre bienes inmuebles y muebles, certificados de sus cuentas bancarias, de los contratos de seguros de vida, así como la documentación que acredite las cargas, gravámenes, deudas y demás gastos del patrimonio del finado, y la que justifique la aplicación en su caso de posibles beneficios fiscales.

- en el supuesto de donaciones, escritura pública en la que se formalice la donación, recibo más reciente del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del inmueble objeto de donación, y, si lo donado es un vehículo, ficha técnica y permiso de circulación del mismo.

Con esta modificación normativa la Región de Murcia es la tercera Comunidad Autónoma, junto a Canarias y Madrid, que recoge una importantísima bonificación en su regulación, lo que conlleva a la gran mayoría de familias murcianas, por un lado, que heredar no sea tributariamente una carga, en ocasiones inasumible, con la consiguiente renuncia a la herencia, y, por otro, que donar tampoco sea caro fiscalmente, y con ello facilitar la transmisión ínter vivos del patrimonio familiar de una generación a otra, en lugar de esperar al fallecimiento del donante.

José Román Morales Ros







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El incumplimiento del régimen de visitas

NoticiasPostado por ecuo-abogados vie, febrero 23, 2018 11:18:55


Tras un procedimiento de divorcio con hijos comunes, o un procedimiento de medidas paterno filiales, se establece un régimen de visitas del progenitor no custodio con sus hijos menores de edad.

Este régimen rige en el caso de que los progenitores no se pongan de acuerdo en cuanto a las visitas con los menores, se establece en sentencia o convenio regulador y habrá que acudir a él en caso de discrepancia. Claro está que, si los progenitores están de acuerdo, siempre podrán alterar ese régimen de visitas para adecuarlo a las necesidades de cada uno.

Pero, ¿qué ocurre si uno de los progenitores incumple el convenio? ¿Qué se puede hacer? Esta es una de las consultas que con más asiduidad se da en nuestro despacho después de un divorcio.

Pongamos el caso de que la madre sea la que ejerza la guarda y custodia y el padre goce del régimen de visitas (que no siempre tiene que ser así). Los incumplimientos del régimen pueden ser diversos, y los más típicos son el del padre que no cumple con las visitas y no se lleva a sus hijos cuando le corresponden, y el de la madre que no deja que el padre vea a sus hijos cuando les toca.

Hay que dejar claro que un incumplimiento puntual no tiene transcendencia jurídica, sino que para que tenga repercusión a nivel judicial se debe de tratar de una conducta asidua: que el incumplimiento sea lo normal y no la excepción.

Pues bien, ante un incumplimiento, siempre aconsejamos en primer lugar, y en la medida en que sea posible, hablar con la otra parte para intentar evitar que se produzcan nuevos incumplimientos ya que, en definitiva, mediante acuerdo todo va a ser más fácil para las partes, especialmente para los hijos. Si se llega a algún acuerdo en relación a la modificación del régimen de visitas es muy importante documentarlo por escrito: instar una modificación de medidas o, si la modificación va a ser temporal, reflejarlo de algún modo por escrito (acta notarial, o incluso documento privado). No aconsejamos nunca el acuerdo verbal en estos casos.

Si el diálogo no ha sido posible y los incumplimientos se siguen produciendo, el primer paso será hacer un requerimiento por escrito al otro progenitor para que se avenga a cumplir el convenio (buro fax), y si no se atiende a este requerimiento habrá que instar la ejecución de la sentencia ante el jugado para que sea este el que conmine al incumplidor a respetar el convenio. Incluso se le puede solicitar al juzgado que aperciba al incumplidor de la imposición de multas coercitivas en el caso de perseverar en su incumplimiento.

Antes de la reforma del Código Penal el incumplimiento del régimen de visitas era constitutivo de una falta y tenía repercusión penal. Con la reforma se eliminaron las faltas del Código Penal, pero ello no quiere decir que el incumplimiento del régimen de visitas no tenga ninguna repercusión penal, pues si se ha instado la ejecución de la sentencia, y por parte de un Juez se le ha requerido para que deje de incumplir el régimen de visitas, y aún así el incumplimiento persiste, entiendo que estaríamos ante un delito de desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 556 del Código Penal, por lo que se podría abrir esta vía.

Cuando el incumplimiento de visitas es reiterado, paralelamente a la demanda de ejecución, o actuación de la jurisdicción penal, se puede interponer de manera independiente una demanda de modificación de medidas solicitando la modificación del régimen de visitas o incluso la custodia del menor, justificando dicha modificación en el incumplimiento reiterado de las obligaciones del régimen de visitas.

En cualquier caso, siempre es conveniente estar asesorado cualificadamente para hacer frente a un incumplimiento del régimen de visitas, pasa saber con certeza qué pasos hay que dar.

Enrique Soriano Gómez





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Los gastos extraordinarios de los hijos

NoticiasPostado por ecuo-abogados mié, enero 31, 2018 10:47:00



Una de las cuestiones más problemáticas y que más conflictos genera entre los padres separados o divorciados es la relativa a los gastos extraordinarios de los hijos, esto es, aquellos que no se entienden incluidos en la pensión de alimentos fijada en convenio (en procedimientos de mutuo acuerdo) o bien por sentencia (en procedimientos contenciosos). Se trata de uno de los puntos más “calientes” en la, ya de por sí, difícil relación de la ex pareja en todo lo que a los hijos comunes se refiere.

Pero, ¿qué gastos son considerados extraordinarios? ¿Quién decide sobre su cuantía o la necesidad de su desembolso? Y, llegado el caso, ¿cómo reclamarlos al progenitor que se niega a pagarlos?

Como es sabido, la pensión de alimentos es una cuantía que se impone al progenitor que no ostenta la custodia del hijo y en ella se incluyen los gastos ordinarios de este. Según nuestro Código Civil, se consideran ordinarios aquellos gastos imprescindibles para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación y formación que se han podido prever al tiempo de establecerse y son de una periodicidad regular. Su principal característica es que, siendo necesarios, son previsibles y de carácter periódico (guardería, material escolar, uniforme, comedor, etc.)

Sin embargo, junto a los gastos ordinarios, encontramos aquellos que, siendo también imprescindibles, son imprevisibles y no periódicos. Lo característico de los gastos extraordinarios es que son necesarios (por ejemplo el uso de gafas o una ortodoncia) pero no hay certeza de si se van a producir o no, ni cuándo, por lo que no pueden incluirse en la pensión de alimentos. Sobre cuáles son concretamente estos gastos no se puede establecer una lista cerrada, pues dependerá de las circunstancias concretas de cada caso, aunque, atendiendo al criterio de nuestros tribunales, en los últimos años han venido considerándose gastos extraordinarios los siguientes:

- De carácter médico: los odontológicos y tratamientos bucodentales (incluida la ortodoncia); prótesis; logopeda; psicólogo; fisioterapia o rehabilitación con prescripción facultativa; gastos de óptica o farmacia no básicos y con prescripción médica; tratamientos de homeopatía y, en general, cualquier otro gasto sanitario no cubierto por el sistema público de salud de la Seguridad Social o por el seguro médico privado que puedan tener concertado los progenitores.

- De carácter educativo: las clases de repaso o apoyo, si existe necesidad o conve­niencia de tales clases a la vista del expediente académico del hijo; las actividades extraescolares, si se revelan necesarias o indispensables para el desarrollo integral del menor; los viajes de estudios cuando se estiman, no sólo aconsejables, sino necesarios, por estar realizados por todo el curso; o el gasto de obtención del carné de conducir, entre otros.

¿Quién tiene que pagar estos gastos? La contribución a estos gastos no incluidos en la pensión alimenticia debe consensuarse de forma expresa y por escrito en el convenio y, a falta de acuerdo, deberá decidir el juez. Con carácter general, suele fijarse que los padres deberán asumir estos gastos por mitad, aunque nada impide que pueda establecerse otro reparto en función de las circunstancias económicas de cada uno.

En ocasiones, puede que la realización del gasto sea urgente, por lo que no se podrá esperar a tener la autorización judicial. En ese caso, cualquiera de los padres puede hacer el gasto que considere necesario en beneficio de los hijos. No obstante, si luego se quiere reclamar al otro progenitor la mitad de lo pagado, es aconsejable seguir una serie de pautas, como son: comunicar previa y fehacientemente al otro progenitor la realización del gasto, el motivo de su conveniencia o necesidad y adjuntar el presupuesto o factura con el nombre del profesional que lo expide. Si, aún así, el otro progenitor se niega a abonar su parte, habrá que reclamar judicialmente el gasto.

Por último, en los asuntos de familia, siempre recomiendo recurrir al sentido común y al buen entendimiento, pues de esta confrontación entre los padres, los mayores perjudicados, aunque sea indirectamente, son siempre los hijos.

Cristina García López



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La usucapión de la propiedad

NoticiasPostado por ecuo-abogados mié, enero 17, 2018 09:36:49



La usucapión o prescripción adquisitiva es un modo de adquirir la propiedad u otro derecho real (ej. servidumbre) sobre un determinado bien, que puede ser mueble o inmueble, a través de su posesión durante un periodo de tiempo y conforme a unos requisitos previstos en la ley.

Esta forma de adquirir la propiedad está regulada principalmente en los artículos 1930 y siguientes de nuestro Código Civil y en los artículos 35 y siguientes de la Ley Hipotecaria, y para que tenga lugar precisa, como se ha apuntado, del cumplimiento de una serie de requisitos legales que difieren si se trata de la usucapión ordinaria o extraordinaria:

a) para que tenga lugar la usucapión ordinaria, que es aquella que precisa de un periodo de posesión más breve para adquirir el dominio, se requiere:

– Buena fe en el poseedor, entendida esta, por un lado, como la creencia de que el transmitente es el verdadero dueño de la cosa y puede transmitirla, y, por otro, como la ignorancia de la existencia de cualquier circunstancia o vicio que pueda hacer ineficaz o limitar el derecho de dominio del transmitente;

– Justo título, como sería el caso de una escritura de compraventa, de donación o de adjudicación de herencia, y que según tiene sentada la Jurisprudencia es aquel que por su naturaleza es capaz de producir la transmisión del dominio, aunque exista algún defecto o vicio originario que afecte a las facultades de disponer del transmitente, pues precisamente para subsanar tales vicios o defectos existe la prescripción, que de otro modo sería inútil; y,

– Cumplimiento del plazo legal de posesión del bien, que varía según este sea mueble, 3 años, o inmueble, 10 años entre presentes y 20 entre ausentes (si el propietario reside en el extranjero).

b) En cuanto a la usucapión extraordinaria, la que requiere de un periodo mayor de posesión del bien para que tenga lugar, a diferencia de la ordinaria, no es necesario que el poseedor sea de buena fe (ej. aquel que conocía o pudo conocer que el que le vendió el bien no era el propietario del mismo o de su totalidad) ni que concurra justo título, pero sí es preciso que la posesión del bien sea durante un periodo determinado, de 30 años para los bienes inmuebles y de 6 años para los muebles, y que esta posesión sea pública y pacífica, esto es, que fuera o pudiera ser conocida por el propietario perjudicado y otras personas, y que se mantenga en la posesión del bien de forma no violenta.

Tanto en la usucapión ordinario como extraordinario la posesión ha de ser en concepto de dueño, esto es, la tenencia del bien o el disfrute de un derecho sobre el mismo ha de ser con la intención de haber el bien o derecho como propios; por tanto, es preciso que el poseedor se comporte como dueño de la cosa, actuando como tal frente a los demás, siendo necesario que nadie cuestione dicha situación durante el periodo legal referido, ya que si el poseedor que pretende adquirir el dominio por usucapión actúa por mera tolerancia del dueño de la cosa o en virtud a otro título (ej. arrendatario), sus actos posesorios serán irrelevantes a los efectos de la usucapión.

El Tribunal Supremo tiene señalado que, para que la usucapión ordinaria y extraordinaria tenga lugar, la posesión del bien ha de darse durante el periodo legal establecido en cada caso de forma ininterrumpida, de modo que si esta interrupción aconteciera el cómputo del plazo empezaría desde el principio tras la misma; esta interrupción puede darse, entre otros supuestos, en caso de que se cese en la posesión de bien durante un periodo superior al de un año.

La usucapión, una vez que tiene lugar, tiene como efecto la adquisición del dominio o del derecho real de que se trate de manera automática, una vez transcurrido el término de posesión fijado legalmente junto al resto de requisitos, y, además, se entenderá que la persona fue propietaria del bien desde que inició su posesión con los requisitos necesarios para usucapir.

Para finalizar, señalar que la usucapión debe ser analizada caso por caso para comprobar que concurren todos sus requisitos, siendo, además, los tribunales muy cautelosos a la hora de declarar su existencia, pues no es una institución de nuestro ordenamiento jurídico basada en principios de estricta justicia, y sí de seguridad jurídica, ya que con ella se da reconocimiento jurídico a una situación de hecho sobre un concreto bien ante el correlativo abandono o dejadez de derecho de su propietario, de modo que permite adecuar la situación dominical del bien a la que se da en la realidad.

José Román Morales Ros





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¡FELIZ NAVIDAD!

NoticiasPostado por ecuo-abogados mar, diciembre 19, 2017 11:35:22



Desde Ecuo Abogados queremos desearos una FELIZ NAVIDAD y un PRÓSPERO AÑO 2018 en el que todos vuestros derechos se cumplan.

Nosotros seguiremos trabajando para hacerlo posible.


Gracias por confiar en nosotros.



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Régimen de los Trabajadores del Hogar

NoticiasPostado por ecuo-abogados lun, diciembre 18, 2017 11:19:12

El ritmo de hoy en día ha hecho que cada vez esté más extendida la figura del empleado/a de hogar. Lo que antiguamente solo se usaba en las clases potentadas de la sociedad, a día de hoy resulta muy frecuente que necesitemos de esta “ayuda” aunque no seamos de los que comen marisco todos los días.

Pues bien, muchos desconocen que esta figura del empleado del hogar tiene su regulación propia, con sus derechos y sus deberes, conocido como sistema especial para empleados del hogar.

Si necesitamos a una persona que nos eche una mano con las tareas del hogar, o para cuidar a nuestros mayores, debemos saber que éstos estarán sometidos a este sistema especial, y conviene tener algunas nociones sobre el mismo.

Los trabajos que están incluidos en este sistema especial son cualquiera de las modalidades de las tareas domésticas (limpieza, cocina, etc.), así como el cuidado de los miembros de la familia o de las personas del ámbito doméstico familiar, y otros trabajos que se desarrollen en el conjunto de tareas domésticas, como guardería, jardinería, etc. No estarían incluidos los trabajos concertados con personas jurídicas, a través de empresas de trabajo temporal, los que estén de acuerdo con la ley de dependencia, los que se presten entre la familia, y los que se hagan a título gratuito.

Pues bien, si el trabajo está incluido en alguno de los especificados, se deberá contratar por escrito siempre que sea de duración igual o superior a cuatro semanas, y si no se hace por escrito, se presumirá que el contrato es indefinido y por tiempo completo.

Se puede pactar por escrito un periodo de prueba que no será superior a dos meses, y no se podrá establecer un salario que esté por debajo del salario mínimo interprofesional. El trabajador tendrá derecho a dos pagas extras al año.

En cuanto al tiempo de trabajo, al igual que el resto de trabajadores, la jornada máxima será de 40 horas semanales de trabajo efectivo con el horario que acuerden las partes, respetando un descanso diario entre jornada y jornada de 12 horas, y cuando se trate de empleados internos, el descanso podrá reducirse a 10 horas, compensando el resto de 12 horas en periodos de hasta 4 semanas. Se tiene derecho a un descanso de 36 horas consecutivas, y un derecho a 30 días de vacaciones al año, de los cuales 15 han de ser consecutivos.

Las especialidades más llamativas son las concernientes a la extinción del contrato de trabajo. Al ser esta una relación laboral en la que prima la confianza entre empleador y empleado, el contrato se pude extinguir por desistimiento del empleador, el cual se deberá comunicar mediante un escrito en el que conste, de modo claro, la voluntad del empleador de dar por finalizado el contrato por desistimiento. Se deberá comunicar con un preaviso de 20 días mínimo si la relación laboral es de más es un año, y de 7 días si es igual o menor, y durante este preaviso se tienen 6 horas semanales de licencia para buscar otro empleo. La indemnización que se debe poner a disposición del trabajador es de 12 días naturales por año trabajado.

Si no se cumplen los requisitos del escrito y la indemnización, se entenderá que no es un desistimiento sino un despido, y la indemnización será entonces de 20 días naturales por año trabajado.

Por supuesto, también se puede despedir por despido disciplinario si se cumplen los requisitos del art. 49 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula este tipo de despido.

Así pues, si usted tiene la necesidad de contratar personal para las labores domésticas o asistenciales, es importante que se informe previamente de sus obligaciones como empleador, y si usted es una persona que se ocupa de prestar estos servicios, también es importante que conozca sus derechos.

Enrique Soriano Gómez

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NOVEDADES DE LA LEY DE AUTÓNOMOS

NoticiasPostado por ecuo-abogados mar, diciembre 05, 2017 17:31:35



La nueva Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo (conocida como Ley de Autónomos) entró en vigor el pasado 26 de Octubre con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios y con el objetivo de consolidar uno de los principales motores de la economía española.

Se trata de un paquete de 16 medidas en materia fiscal y laboral con las que se pretende incidir directamente en la mejora de las condiciones en que los autónomos desarrollan su actividad: incentivos para aumentar las altas, fomento de la empleabilidad, jubilación activa y flexibilización de trámites; así como otras orientadas a la formación, la estabilidad y la seguridad en el trabajo.

La reforma, a pesar del consenso, no ha estado exenta de críticas, pues ha dejado en fase de “estudio” algunas reivindicaciones históricas de gran calado en el sector, como son la posibilidad de darse de alta a tiempo parcial, el acceso a la jubilación parcial y la concreción de la periodicidad de los días trabajados que obligan a un trabajador a darse de alta en el RETA. Además, algunos de sus artículos no serán efectivos hasta el 2018, al quedar supeditados a la asignación de una partida económica en los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Por ello, es importante tener claro en qué consisten las novedades y la fecha de comienzo de su vigencia, para evitar equívocos indeseados.

En cuanto a su contenido, a continuación paso detallar algunas de las medidas más interesantes:

1. BONIFICACIONES:

- Se establece una tarifa plana de 50 euros para las madres que reemprendan antes dos años desde que cesó su negocio por maternidad, adopción o acogimiento. La excepción pretende que no tengan que esperar a cumplir dos años desde que fueron autónomas por última vez para poderse acoger a la tarifa plana como el resto.

- Los autónomos que sean madres/padres estarán exentos de pagar la cuota durante el periodo de baja por maternidad/paternidad, adopción o acogimiento.

- Se amplía a 24 meses la tarifa plana para nuevos autónomos con los siguientes tramos: 12 meses a 50 euros, 6 con una reducción del 50% de cuota y otros 6 con una reducción del 30%. Para todos aquellos que estén pensando en darse de alta como autónomos por primera vez, a menos que sea imperativo hacerlo en lo que queda de año, lo ideal es esperar a 2018, pues no será hasta entonces cuando sea aplicable esta extensión de la tarifa plana.

- Para los autónomos que tengan una discapacidad igual o superior al 33%, así como para los que han sido víctimas de la violencia de género o del terrorismo, la tarifa plana tiene algunas modificaciones sustanciales: tarifa plana de 50 euros durante el primer año si se cotiza por la base mínima y una bonificación del 50% de la cuota durante los cuatro años siguientes incluida la incapacidad temporal, hasta completar cinco años de bonificaciones.

- La bonificación del 100% de la cuota durante 12 meses, actualmente existente para el cuidado de menores de 7 años, se amplía hasta que el menor cumpla 12 años.

- Los autónomos que contraten indefinidamente a familiares podrán beneficiarse de una bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 meses.

2. COTIZACIÓN:

- Se permite a los trabajadores autónomos cambiar hasta cuatro veces al año la base de cotización.

- Podrán darse hasta un máximo de tres altas al año, con efectos desde el momento de inicio de la actividad y no desde el primer día del mes, como hasta ahora.

- Se devolverá el exceso de cotización de los trabajadores con pluriactividad sin que tengan que solicitarlo.

3. MEDIDAS FISCALES:

- Se reducen los recargos por retraso en los pagos a la Seguridad Social a la mitad, pasando del 20% al 10% en el primer mes.

- Se permite la deducción por ciertos gastos de suministros (luz, agua, teléfono) correspondientes a la parte de vivienda afecta a la actividad económica.

4. ACCIDENTE DE TRABAJO: Se reconoce el accidente in itinere (es decir, de ida o de vuelta al puesto de trabajo) en los profesionales autónomos, siempre que no coincida con su domicilio.

5. PENSIÓN DE JUBILACIÓN: En relación con la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo autónomo, si se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo autónomo alcanzará al 100 %.

Aunque queda mucho camino por recorrer, la aprobación de esta Ley supone la primera piedra para dotar de un marco jurídico estable al sector, mediante una batería de medidas que suponen un estímulo al emprendimiento, una mejora en la protección social del trabajador por cuenta propia y la eliminación de trabas a la actividad. No obstante, para una mayor seguridad jurídica, lo mejor será acudir a un profesional que nos asesore pormenorizadamente de cuáles son las medidas y derechos que, en nuestro caso particular, nos corresponden.


Cristina García López



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