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A través de este blog le mantendremos informado de las principales novedades jurídicas y de aquellas cuestiones legales que, en la práctica, puedan resultarle de especial interés.

La usucapión de la propiedad

NoticiasPostado por ecuo-abogados mié, enero 17, 2018 09:36:49



La usucapión o prescripción adquisitiva es un modo de adquirir la propiedad u otro derecho real (ej. servidumbre) sobre un determinado bien, que puede ser mueble o inmueble, a través de su posesión durante un periodo de tiempo y conforme a unos requisitos previstos en la ley.

Esta forma de adquirir la propiedad está regulada principalmente en los artículos 1930 y siguientes de nuestro Código Civil y en los artículos 35 y siguientes de la Ley Hipotecaria, y para que tenga lugar precisa, como se ha apuntado, del cumplimiento de una serie de requisitos legales que difieren si se trata de la usucapión ordinaria o extraordinaria:

a) para que tenga lugar la usucapión ordinaria, que es aquella que precisa de un periodo de posesión más breve para adquirir el dominio, se requiere:

– Buena fe en el poseedor, entendida esta, por un lado, como la creencia de que el transmitente es el verdadero dueño de la cosa y puede transmitirla, y, por otro, como la ignorancia de la existencia de cualquier circunstancia o vicio que pueda hacer ineficaz o limitar el derecho de dominio del transmitente;

– Justo título, como sería el caso de una escritura de compraventa, de donación o de adjudicación de herencia, y que según tiene sentada la Jurisprudencia es aquel que por su naturaleza es capaz de producir la transmisión del dominio, aunque exista algún defecto o vicio originario que afecte a las facultades de disponer del transmitente, pues precisamente para subsanar tales vicios o defectos existe la prescripción, que de otro modo sería inútil; y,

– Cumplimiento del plazo legal de posesión del bien, que varía según este sea mueble, 3 años, o inmueble, 10 años entre presentes y 20 entre ausentes (si el propietario reside en el extranjero).

b) En cuanto a la usucapión extraordinaria, la que requiere de un periodo mayor de posesión del bien para que tenga lugar, a diferencia de la ordinaria, no es necesario que el poseedor sea de buena fe (ej. aquel que conocía o pudo conocer que el que le vendió el bien no era el propietario del mismo o de su totalidad) ni que concurra justo título, pero sí es preciso que la posesión del bien sea durante un periodo determinado, de 30 años para los bienes inmuebles y de 6 años para los muebles, y que esta posesión sea pública y pacífica, esto es, que fuera o pudiera ser conocida por el propietario perjudicado y otras personas, y que se mantenga en la posesión del bien de forma no violenta.

Tanto en la usucapión ordinario como extraordinario la posesión ha de ser en concepto de dueño, esto es, la tenencia del bien o el disfrute de un derecho sobre el mismo ha de ser con la intención de haber el bien o derecho como propios; por tanto, es preciso que el poseedor se comporte como dueño de la cosa, actuando como tal frente a los demás, siendo necesario que nadie cuestione dicha situación durante el periodo legal referido, ya que si el poseedor que pretende adquirir el dominio por usucapión actúa por mera tolerancia del dueño de la cosa o en virtud a otro título (ej. arrendatario), sus actos posesorios serán irrelevantes a los efectos de la usucapión.

El Tribunal Supremo tiene señalado que, para que la usucapión ordinaria y extraordinaria tenga lugar, la posesión del bien ha de darse durante el periodo legal establecido en cada caso de forma ininterrumpida, de modo que si esta interrupción aconteciera el cómputo del plazo empezaría desde el principio tras la misma; esta interrupción puede darse, entre otros supuestos, en caso de que se cese en la posesión de bien durante un periodo superior al de un año.

La usucapión, una vez que tiene lugar, tiene como efecto la adquisición del dominio o del derecho real de que se trate de manera automática, una vez transcurrido el término de posesión fijado legalmente junto al resto de requisitos, y, además, se entenderá que la persona fue propietaria del bien desde que inició su posesión con los requisitos necesarios para usucapir.

Para finalizar, señalar que la usucapión debe ser analizada caso por caso para comprobar que concurren todos sus requisitos, siendo, además, los tribunales muy cautelosos a la hora de declarar su existencia, pues no es una institución de nuestro ordenamiento jurídico basada en principios de estricta justicia, y sí de seguridad jurídica, ya que con ella se da reconocimiento jurídico a una situación de hecho sobre un concreto bien ante el correlativo abandono o dejadez de derecho de su propietario, de modo que permite adecuar la situación dominical del bien a la que se da en la realidad.

José Román Morales Ros





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¡FELIZ NAVIDAD!

NoticiasPostado por ecuo-abogados mar, diciembre 19, 2017 11:35:22



Desde Ecuo Abogados queremos desearos una FELIZ NAVIDAD y un PRÓSPERO AÑO 2018 en el que todos vuestros derechos se cumplan.

Nosotros seguiremos trabajando para hacerlo posible.


Gracias por confiar en nosotros.



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Régimen de los Trabajadores del Hogar

NoticiasPostado por ecuo-abogados lun, diciembre 18, 2017 11:19:12

El ritmo de hoy en día ha hecho que cada vez esté más extendida la figura del empleado/a de hogar. Lo que antiguamente solo se usaba en las clases potentadas de la sociedad, a día de hoy resulta muy frecuente que necesitemos de esta “ayuda” aunque no seamos de los que comen marisco todos los días.

Pues bien, muchos desconocen que esta figura del empleado del hogar tiene su regulación propia, con sus derechos y sus deberes, conocido como sistema especial para empleados del hogar.

Si necesitamos a una persona que nos eche una mano con las tareas del hogar, o para cuidar a nuestros mayores, debemos saber que éstos estarán sometidos a este sistema especial, y conviene tener algunas nociones sobre el mismo.

Los trabajos que están incluidos en este sistema especial son cualquiera de las modalidades de las tareas domésticas (limpieza, cocina, etc.), así como el cuidado de los miembros de la familia o de las personas del ámbito doméstico familiar, y otros trabajos que se desarrollen en el conjunto de tareas domésticas, como guardería, jardinería, etc. No estarían incluidos los trabajos concertados con personas jurídicas, a través de empresas de trabajo temporal, los que estén de acuerdo con la ley de dependencia, los que se presten entre la familia, y los que se hagan a título gratuito.

Pues bien, si el trabajo está incluido en alguno de los especificados, se deberá contratar por escrito siempre que sea de duración igual o superior a cuatro semanas, y si no se hace por escrito, se presumirá que el contrato es indefinido y por tiempo completo.

Se puede pactar por escrito un periodo de prueba que no será superior a dos meses, y no se podrá establecer un salario que esté por debajo del salario mínimo interprofesional. El trabajador tendrá derecho a dos pagas extras al año.

En cuanto al tiempo de trabajo, al igual que el resto de trabajadores, la jornada máxima será de 40 horas semanales de trabajo efectivo con el horario que acuerden las partes, respetando un descanso diario entre jornada y jornada de 12 horas, y cuando se trate de empleados internos, el descanso podrá reducirse a 10 horas, compensando el resto de 12 horas en periodos de hasta 4 semanas. Se tiene derecho a un descanso de 36 horas consecutivas, y un derecho a 30 días de vacaciones al año, de los cuales 15 han de ser consecutivos.

Las especialidades más llamativas son las concernientes a la extinción del contrato de trabajo. Al ser esta una relación laboral en la que prima la confianza entre empleador y empleado, el contrato se pude extinguir por desistimiento del empleador, el cual se deberá comunicar mediante un escrito en el que conste, de modo claro, la voluntad del empleador de dar por finalizado el contrato por desistimiento. Se deberá comunicar con un preaviso de 20 días mínimo si la relación laboral es de más es un año, y de 7 días si es igual o menor, y durante este preaviso se tienen 6 horas semanales de licencia para buscar otro empleo. La indemnización que se debe poner a disposición del trabajador es de 12 días naturales por año trabajado.

Si no se cumplen los requisitos del escrito y la indemnización, se entenderá que no es un desistimiento sino un despido, y la indemnización será entonces de 20 días naturales por año trabajado.

Por supuesto, también se puede despedir por despido disciplinario si se cumplen los requisitos del art. 49 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula este tipo de despido.

Así pues, si usted tiene la necesidad de contratar personal para las labores domésticas o asistenciales, es importante que se informe previamente de sus obligaciones como empleador, y si usted es una persona que se ocupa de prestar estos servicios, también es importante que conozca sus derechos.

Enrique Soriano Gómez

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NOVEDADES DE LA LEY DE AUTÓNOMOS

NoticiasPostado por ecuo-abogados mar, diciembre 05, 2017 17:31:35



La nueva Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo (conocida como Ley de Autónomos) entró en vigor el pasado 26 de Octubre con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios y con el objetivo de consolidar uno de los principales motores de la economía española.

Se trata de un paquete de 16 medidas en materia fiscal y laboral con las que se pretende incidir directamente en la mejora de las condiciones en que los autónomos desarrollan su actividad: incentivos para aumentar las altas, fomento de la empleabilidad, jubilación activa y flexibilización de trámites; así como otras orientadas a la formación, la estabilidad y la seguridad en el trabajo.

La reforma, a pesar del consenso, no ha estado exenta de críticas, pues ha dejado en fase de “estudio” algunas reivindicaciones históricas de gran calado en el sector, como son la posibilidad de darse de alta a tiempo parcial, el acceso a la jubilación parcial y la concreción de la periodicidad de los días trabajados que obligan a un trabajador a darse de alta en el RETA. Además, algunos de sus artículos no serán efectivos hasta el 2018, al quedar supeditados a la asignación de una partida económica en los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Por ello, es importante tener claro en qué consisten las novedades y la fecha de comienzo de su vigencia, para evitar equívocos indeseados.

En cuanto a su contenido, a continuación paso detallar algunas de las medidas más interesantes:

1. BONIFICACIONES:

- Se establece una tarifa plana de 50 euros para las madres que reemprendan antes dos años desde que cesó su negocio por maternidad, adopción o acogimiento. La excepción pretende que no tengan que esperar a cumplir dos años desde que fueron autónomas por última vez para poderse acoger a la tarifa plana como el resto.

- Los autónomos que sean madres/padres estarán exentos de pagar la cuota durante el periodo de baja por maternidad/paternidad, adopción o acogimiento.

- Se amplía a 24 meses la tarifa plana para nuevos autónomos con los siguientes tramos: 12 meses a 50 euros, 6 con una reducción del 50% de cuota y otros 6 con una reducción del 30%. Para todos aquellos que estén pensando en darse de alta como autónomos por primera vez, a menos que sea imperativo hacerlo en lo que queda de año, lo ideal es esperar a 2018, pues no será hasta entonces cuando sea aplicable esta extensión de la tarifa plana.

- Para los autónomos que tengan una discapacidad igual o superior al 33%, así como para los que han sido víctimas de la violencia de género o del terrorismo, la tarifa plana tiene algunas modificaciones sustanciales: tarifa plana de 50 euros durante el primer año si se cotiza por la base mínima y una bonificación del 50% de la cuota durante los cuatro años siguientes incluida la incapacidad temporal, hasta completar cinco años de bonificaciones.

- La bonificación del 100% de la cuota durante 12 meses, actualmente existente para el cuidado de menores de 7 años, se amplía hasta que el menor cumpla 12 años.

- Los autónomos que contraten indefinidamente a familiares podrán beneficiarse de una bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 meses.

2. COTIZACIÓN:

- Se permite a los trabajadores autónomos cambiar hasta cuatro veces al año la base de cotización.

- Podrán darse hasta un máximo de tres altas al año, con efectos desde el momento de inicio de la actividad y no desde el primer día del mes, como hasta ahora.

- Se devolverá el exceso de cotización de los trabajadores con pluriactividad sin que tengan que solicitarlo.

3. MEDIDAS FISCALES:

- Se reducen los recargos por retraso en los pagos a la Seguridad Social a la mitad, pasando del 20% al 10% en el primer mes.

- Se permite la deducción por ciertos gastos de suministros (luz, agua, teléfono) correspondientes a la parte de vivienda afecta a la actividad económica.

4. ACCIDENTE DE TRABAJO: Se reconoce el accidente in itinere (es decir, de ida o de vuelta al puesto de trabajo) en los profesionales autónomos, siempre que no coincida con su domicilio.

5. PENSIÓN DE JUBILACIÓN: En relación con la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo autónomo, si se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo autónomo alcanzará al 100 %.

Aunque queda mucho camino por recorrer, la aprobación de esta Ley supone la primera piedra para dotar de un marco jurídico estable al sector, mediante una batería de medidas que suponen un estímulo al emprendimiento, una mejora en la protección social del trabajador por cuenta propia y la eliminación de trabas a la actividad. No obstante, para una mayor seguridad jurídica, lo mejor será acudir a un profesional que nos asesore pormenorizadamente de cuáles son las medidas y derechos que, en nuestro caso particular, nos corresponden.


Cristina García López



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Sustracción internacional de menores

NoticiasPostado por ecuo-abogados jue, noviembre 23, 2017 09:58:38



Esta situación es comúnmente conocida por la difusión de los medios de comunicación del caso de Juana Rivas; sin entrar en este mediático caso, por desgracia uno entre un millón, podemos definir este fenómeno como la situación en la que, por lo general, uno de los progenitores, sin contar con autorización judicial ni consentimiento del otro progenitor, traslada o retiene ilícitamente a un hijo menor de 16 años desde el estado donde éste reside habitualmente a otro diferente.

Desgraciadamente este fenómeno está en incremento en los últimos años; normalmente, quien traslada ilícitamente al menor o lo retiene (ej. si no lo devuelve tras unas vacaciones) en un país distinto al de residencia habitual del menor, suele ser ciudadano del país de refugio (el de traslado o retención), y con ello pretende que la contienda sobre la custodia del menor sea conforme a sus intereses en los tribunales “amigos”: los de su país. Esta actuación ilícita se ve en ocasiones favorecida desafortunadamente en determinados países (ej. Italia), al amparar sus tribunales al progenitor que sustrae al menor, no acordando la devolución o siendo muy reacios a ello al entender que niño estará mejor atendido en su país.

Ante esta situación, en la que el menor sale de la jurisdicción del país de su residencia habitual, conculcando con ello su derecho a relacionarse con ambos progenitores y sus respectivas familias, y enfrentándolo a un cambio brusco de índole social y familiar, es imprescindible contar con la cooperación internacional de los Estados implicados.

Respecto a esta cooperación internacional, cabe resaltar, por su especial relevancia, entre otros instrumentos normativos, el Convenio de la Haya de 1980 (CH80), sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, que es el instrumento más universal que existe sobre la material al ser parte del mismo entorno a 90 países actualmente, entre ellos España, y cuya aplicación se circunscribe exclusivamente a sus Estados firmantes.

En el cumplimiento del fin de proteger a los niños de los efectos perjudiciales de la sustracción y retención que traspasan las fronteras internacionales, proporcionado un procedimiento para conseguir su pronta restitución, el CH80 marca dos ejes prioritarios: 1) garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita a cualquier Estado firmante; y 2) velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados firmantes se respeten en los demás Estados firmantes.

Para cumplir este fin, el CH80 articula la creación de Autoridades Centrales en cada uno de los Estados parte, que son configuradas como piezas clave en el funcionamiento eficaz del Convenio, con el propósito de que entre las mismas cooperen al máximo en distintos planos con objeto de dar mayor agilidad e información respecto al procedimiento de devolución del menor. La Autoridad Central en España es la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia (C/ San Bernardo, 62, 28071 Madrid; sustraccionmenores@mjusticia.es).

Es totalmente aconsejable, aunque no obligatorio, para facilitar el procedimiento de devolución del menor, poner el caso en conocimiento de la Autoridad Central del país en el que el menor tenía su residencia habitual antes de su traslado o retención, dirigiendo escrito a ésta junto a la documentación requerida por el Convenio (certificado de nacimiento del menor, certificado de matrimonio en su caso, certificado de empadronamiento, tarjeta sanitaria, etc.); de este modo la Autoridad Central se pondrá en funcionamiento una vez compruebe el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) que el hijo sea menor de 16 años; b) que el menor tuviera antes de la sustracción su residencia habitual en España, un Estado Miembro de la Unión Europeo o en uno de los Estados firmantes del CH80; c) el progenitor que presenta la solicitud tuviera en el momento de la sustracción un derecho de custodia y hasta entonces ejercía ese derecho; y, d) haya pasado menos de un año desde que se produjo la sustracción.

Recibida esta solicitud, la Autoridad Central, entre otras actuaciones, la remitirá a la del país extranjero donde el menor ha sido trasladado o retenido, y supervisará el progreso de la tramitación de la solicitud, informando continuamente de ello al progenitor solicitante de la devolución.

Si bien el papel de las Autoridades Centrales es fundamental para favorecer la pronta restitución del menor, no dependerá de éstas el desarrollo y duración del proceso judicial de restitución que se lleve a cabo en el país extranjero donde el menor ha sido trasladado o retenido, pues esto quedará sujeto exclusivamente a las normas internas del Estado extranjero.

Mayor dificultad presenta la restitución del menor cuando éste ha sido trasladado o retenido en un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al CH80, pues en estos casos en principio nuestras autoridades carecen de competencia para tramitar y enviar la solicitud de restitución internacional por falta de instrumento jurídico que las habilite, debiéndose iniciar en estos casos el procedimiento de restitución litigando directamente en el país extranjero donde el menor se halle, si bien es también aconsejable dirigirse a la Sección de Servicios Consulares del Ministerio de Asuntos Extranjeros y de Cooperación para estudiar las diversas vías a emprender.

Cuando acontezca una situación de sustracción internacional de menores, el mejor consejo es actuar frente a la misma con la mayor celeridad posible y en las diferentes vías que el derecho interno e internacional permita, y bajo la dirección de un abogado especialista en la materia.

José Román Morales Ros





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¿Qué es el índice IRPH?

NoticiasPostado por ecuo-abogados mar, noviembre 07, 2017 11:25:02




Hoy en día todo el mundo ha oído hablar de las cláusulas suelo, y de alguna manera u otra conocemos su funcionamiento y la polémica que han causado. Los jueces ya tienen suficientemente claro que, en la mayoría de los casos, la aplicación de esta cláusula es nula y se debe tener por no puesta con la consecuente devolución al cliente lo que, a causa de su aplicación, se pagó indebidamente, más los intereses generados por estas cantidades.

Pero muchos bancos han usado también otra modalidad de cláusula que provoca un desequilibrio injusto en las prestaciones, teniendo el cliente que pagar por su hipoteca bastante más que con otro tipo de cláusula. Estamos hablando del conocido como “IRPH” o “Tipo de los préstamos hipotecarios a más de tres años concedidos por el conjunto de las entidades de crédito, bancos o cajas.”

Muchos consumidores y usuarios tienen este índice de referencia en su hipoteca en vez del Euribor y ni siquiera son conscientes de ello. Este índice de referencia ha provocado que variase muy poco la cuota mensual de la hipoteca, mientras que la cuota de las hipotecas que estaban referenciadas al Euribor no paraban de bajar.

El IRPH, al igual que el Euribor, es un índice al que están referenciadas las hipotecas. Para su comercialización, las entidades financieras aseguraban al cliente que quería contratar una hipoteca que era más estable, menos volátil y, por tanto, más seguro que el Euribor. En apariencia, la elección parecía más beneficiosa, pero a la larga se ha comprobado que no ha sido así. De hecho, elegir el IRPH en lugar del Euribor ha costado a los hipotecados entre 18.000 y 21.000 euros, una cifra nada despreciable para el bolsillo de cualquier familia media.

El Euribor se ha situado en niveles históricamente bajos en los últimos años, de hecho se encuentra actualmente en mínimos históricos, mientras el IRPH nunca lo ha igualado. Así, por ejemplo, en 2013 el IRPH era 3,3 puntos superior; en 2014, 2,6 puntos, y en 2016, con el Euribor situado en valores negativos, el IRPH estaba 1,96 puntos por encima. Adjuntamos a continuación una tabla comparativa donde se puede apreciar la evolución de ambos índices:


La aplicación de este índice, sin haber ofertado al cliente otra opción, esta siendo declarada nula por diferentes Juzgados, pero el problema es que, a diferencia de lo que ocurre con la cláusula suelo, el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado sobre este extremo, aunque lo hará próximamente, ya que está pendiente de dictar una Sentencia que, de ser favorable a los consumidores, puede provocar una revolución de igual alcance que la que se provocó con la Sentencias referentes a las cláusulas suelo.

En Murcia ya ha habido alguna sentencia que declara la nulidad de este tipo de referencia y obliga al banco a devolver al cliente la totalidad de lo que ha cobrado en concepto de interés por toda la vida del préstamo hipotecario, y poco a poco van apareciendo nuevas sentencias en los Juzgados y en las Audiencias Provinciales que ahondan en este sentido.

Al solicitar la nulidad de este tipo de interés, si se declara, es muy posible que sea sustituido por el Euribor, lo que supone un ahorro considerable al titular del préstamo, y la devolución de las cantidades abonadas de más por la aplicación del IRPH. Pero, en el mejor de los casos, se puede declarar el préstamo “gratis”, es decir, sin la aplicación de ningún tipo de interés, ya que el índice al que venía referenciado es nulo y no lo sustituirían por otro, y la devolución de todas las cantidades abonadas en concepto de interés.

Así pues, los intereses económicos que se están barajando aquí son de gran importancia para las economías domésticas, por lo que es conveniente darle un repaso a la escritura de nuestra hipoteca, y más si hemos notado que el pago de la cuota de la misma ha variado muy poco en los últimos tiempos en los que el Euribor ha descendido considerablemente.


Enrique Soriano Gómez



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TIENDA ONLINE: REQUISITOS LEGALES

NoticiasPostado por ecuo-abogados vie, octubre 27, 2017 11:38:00

El comercio electrónico, o e-commerce, es uno de los sectores que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años, hasta el punto de situar a España como el cuarto país de la Unión Europea con mayor índice de ventas online, donde siete de cada diez consumidores realiza compras por internet.

Estas cifras han dado pie a que la mayor parte de empresarios se haya decidido a abrir su propio negocio online, bien sea en exclusiva, bien como complemento de la tienda física. Y, aunque cada vez disponemos de mayores herramientas que nos permiten gestionar nuestra tienda online de manera sencilla, es de suma importancia conocer los aspectos legales que regulan el comercio electrónico y así evitar sanciones o reclamaciones indeseadas en el futuro.

Pues bien, con carácter previo a la implantación de un negocio online, conviene saber que su titular puede ser tanto una persona física dada de alta como profesional autónomo, como cualquier sociedad (limitada, anónima, cooperativa, etc.), asociación o entidad legal. Además, para la venta por internet, básicamente hay que cumplir los mismos requisitos que se le exigen a las tiendas físicas, con la única salvedad de que las tiendas online no tienen que cumplir los trámites y gestiones de licencias, impuestos y pagos exigidos a las tiendas “de calle”. Lo cual ya supone la ventaja más importante: un extraordinario ahorro de gastos y de trámites burocráticos para obtener dichas licencias. Sin embargo, si la tienda online es complementaria de la tienda física, pero en una actividad diferente, es necesario darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Llegados a este punto, una vez la tienda online comience a operar, estaremos sujetos a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y a la Ley de Protección de Datos, entre otras. Todas ellas nos imponen el cumplimiento de una serie de obligaciones legales, entre las que podemos destacar:

Plazo de ejecución y pago: salvo que las partes hayan acordado otra cosa, la entrega deberá realizarse en un máximo de 30 días desde la celebración del contrato.

Derecho de desistimiento: el comprador podrá desistir libremente del contrato, sin alegar ningún motivo, dentro del plazo de 14 días contados desde la fecha de recepción del producto. El importe ha de ser devuelto por el vendedor en un plazo máximo de 14 días tras el desistimiento. En caso de que esta información no aparezca expresada debidamente el plazo de devolución se amplía a un año.

Pago mediante tarjeta de crédito: cuando el importe de una compra o de un servicio hubiese sido cargado fraudulenta o indebidamente utilizando el número de una tarjeta de pago, el consumidor y usuario titular de ella podrá exigir la inmediata anulación del cargo y el reabono se deberá efectuar a la mayor brevedad.

Incluir los datos de la entidad: es necesario que la tienda online indique, en un lugar visible y de fácil acceso, los datos del negocio: nombre o denominación social, nº de inscripción de registro, NIF, datos de contacto, domicilio, actividad, etc. Es lo que se conoce como “Aviso Legal” y su principal objetivo es facilitar la información relativa a la empresa, productos y servicios.

Información previa a la contratación: el responsable de la tienda online tiene la obligación de poner a disposición del cliente la información relativa al idioma/s en que podrá formalizarse el contrato, trámites que se han de seguir para la celebración del contrato, características del bien o servicio ofrecido, vigencia del precio u oferta, gastos de envío, en el caso de que existan, así como los medios de pago disponibles y formas de entrega, entre otros.

Información posterior a la contratación: obligación de confirmar la recepción de la aceptación a través de envío de acuse de recibo a través de correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónico equivalente a la dirección que el contratante haya señalado, en un plazo de 24 horas posteriores a la recepción de la aceptación, o confirmación por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónico de la aceptación recibida.

Ello sin olvidar las obligaciones derivadas de la política de cookies y las relativas a la protección de datos que, por motivos de espacio, abordaremos en otro artículo.

Como vemos, contar con un sitio web que cumpla con la normativa en la materia y se adapte a sus vertiginosos cambios no solo descargará de responsabilidad al empresario, sino que repercutirá directamente en el volumen de ventas, pues infundirá al cliente un nivel de seguridad y confianza que le llevará a elegirla entre otras opciones menos seguras.


Cristina García López

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LA RESPONSABILIDAD MÉDICA

NoticiasPostado por ecuo-abogados mié, octubre 11, 2017 13:20:41


La responsabilidad civil médica es la derivada de aquellos daños que, en nuestra condición de pacientes, podemos sufrir por una prestación sanitaria defectuosa.

Debemos saber que la relación entre el paciente y el médico, salvo excepciones, es una “obligación de medios” y no una “obligación de resultados”, lo que quiere decir que el personal sanitario no se obliga a obtener un resultado médico, sino a poner todos los medios posibles para obtenerlo, y esta diferencia es importante, pues solo se generará responsabilidad médica cuando haya existido una “mala praxis” o un mal hacer, y no cuando no se haya alcanzado el resultado de sanación que se pretendía.

Dentro de los servicios sanitarios nos podemos encontrar con diferentes escenarios: por un lado, la prestación de servicios sanitarios dados por la Administración Pública, y por otro lado, cuando dicha prestación es dada por un centro privado. Es importante hacer esta diferenciación porque nos encontramos con diferentes regímenes jurídicos aplicables.

En la actualidad, la responsabilidad civil médica en el ámbito de la sanidad pública por los daños causados por personal a su servicio se exigirá directamente a la Administración, correspondiendo la competencia a la jurisdicción contencioso-administrativa (salvo que el daño causado tenga consecuencias penales, lo cual no es objeto del presente artículo).

Las Administraciones Públicas están obligadas a indemnizar a los particulares por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Pero la responsabilidad de la Administración no es absoluta, sino que queda liberada cuando concurran determinadas causas de exoneración, como la fuerza mayor como hecho imprevisible y/o inevitable, la culpa de la víctima, entendiéndose por tal su intervención causal en el daño de forma exclusiva y negligente, la asunción del riesgo por el paciente, mediante el cumplimiento informado, etc.

El personal al servicio de las Administraciones públicas no puede ser demandado ante la jurisdicción civil para exigir la responsabilidad de este orden. De este modo, a salvo de la responsabilidad penal, la única afección patrimonial del personal sanitario al servicio de la Administración será la responsabilidad que de oficio les exija la Administración si han incurrido en dolo, o en culpa o negligencia grave.

En cuanto a la responsabilidad civil en el ámbito de la sanidad privada, el sujeto responsable del acto lesivo puede ser la persona física (médico, cirujano, anestesista, enfermero, farmacéutico, etc.) o la persona jurídica titular del centro médico.

En el primer caso debe estar siempre presente la idea de la culpa, pues de otro modo nos encontraríamos con una responsabilidad por el resultado, lo que colisiona con el concepto mismo de la responsabilidad médica. De este modo, el personal sanitario responderá cuando su conducta, activa u omisiva, suponga una infracción de la llamada “lex artis” médica.

En cuanto a la culpa, esta debe ser probada por el paciente, y este suele ser el extremo más complicado en estos procedimientos. Es muy importante contar con una prueba fuerte y fundada, y conviene apoyarlo con un informe pericial de otro profesional del sector en el que se evidencia esa culpa.

Sin embargo, hay casos en los que el propio resultado de una intervención o tratamiento médico viene a acreditar la existencia de una conducta negligente, lo que sucede cuando dicho resultado es manifiestamente desproporcionado en relación con el que normalmente debe obtenerse de aquella intervención o tratamiento.

Por el contrario, cuando se trata de la responsabilidad de un centro médico, es admisible un régimen de responsabilidad objetiva, en la que no haya que probar una culpa concreta de nadie, sino solo un resultado dañoso.

Por último, puede haber responsabilidad de las personas físicas que utilizan los medios del centro y no haberla de éste. El caso más ilustrado es el del cirujano que alquila un quirófano del centro, debiéndose el daño a su propia negligencia o a la de alguno de los miembros de su equipo, no dependiente de dicho centro.

Como se puede apreciar, la casuística es muy variada, y los caminos a emprender pueden ser varios, pero siempre conviene estar bien asesorado si se cree que se ha podido ser víctima de una negligencia médica.

Enrique Soriano Gómez







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