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LAS INCAPACIDADES LABORALES

NoticiasPostado por ecuo-abogados lun, junio 26, 2017 10:09:27


Las enfermedades y accidentes, con su doble secuela de imposibilidad para el trabajo en tanto duren sus efectos (y, por tanto, de pérdida de salario) y de necesidad de atención sanitaria, han sido siempre contingencias de gravísima incidencia personal y social, que han motivado desde antiguo la acción protectora de los poderes públicos. No en vano, la acción de la Seguridad Social ha otorgado tradicionalmente protección frente a las enfermedades y accidentes (sean o no de trabajo), tanto a nivel sanitario (asistencia médica, farmacéutica, hospitalaria, etc.) como a nivel económico (a través del pago de subsidios o pensiones de naturaleza económica).

En la actualidad, las incapacidades laborales entendidas como aquellas situaciones en las que, a consecuencia de una enfermedad o accidente, una persona ve disminuida su capacidad para desempeñar un puesto de trabajo, se clasifican en nuestro régimen de Seguridad social de la siguiente forma:

- La incapacidad temporal: la debida a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 365 días, prorrogables por otros 180 días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación. Consiste en un subsidio equivalente al 75 por 100 de la base reguladora aplicable. No obstante, el período comprendido entre el cuarto día a partir del de la baja y el vigésimo solo da derecho a un subsidio del 60 por 100, siempre que la incapacidad se deba a accidente no laboral o enfermedad común.

- La incapacidad permanente: en su modalidad contributiva, es la situación del trabajador que después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

En cuanto al procedimiento de reconocimiento, puede iniciarse de oficio por la propia Administración – a través de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, de la Inspección de Trabajo o del Servicio Público de Salud –, por las Entidades colaboradoras o por el propio interesado mediante la presentación de la pertinente solicitud.
Una vez analizada toda la documentación y pruebas que al efecto se puedan requerir, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) formulará un dictamen-propuesta en base al informe médico de los facultativos del Instituto Nacional de la Seguridad Social y al informe de antecedentes profesionales.

Finalmente, el Director Provincial del Instituto referido dictará resolución expresa declarando el grado de incapacidad, la cuantía de la pensión – que variará en función del grado - y el plazo en el que deberá revisarse la incapacidad para ver si se agrava o se atenúa.
La situación de incapacidad puede revisarse por agravación, mejoría, error de diagnóstico o por la realización de trabajos, pudiendo dar lugar a la confirmación o modificación del grado o a la extinción de la incapacidad y por tanto de la pensión.

A su vez, la incapacidad permanente puede ser calificada por el INSS, en uno de estos grados:

· Parcial: disminución de, al menos, el 33 por 100 de la capacidad para la profesión habitual. La prestación económica consistirá en una cantidad a tanto alzado.

· Total: incapacita para todas o las fundamentales tareas de la profesión habitual, pero puede dedicarse a otra distinta. La prestación económica correspondiente consistirá en una pensión vitalicia, que podrá, excepcionalmente, ser sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de sesenta años. La ley prevé, asimismo, el incremento de las pensiones vitalicias por incapacidad permanente total “cualificada”, esto es, cuando el trabajador incapacitado “por su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta de la habitual anterior.”

· Absoluta: incapacita para toda profesión u oficio y consiste en una pensión vitalicia.

· Gran Invalidez: cuando, además, se necesita la asistencia de una persona para los actos más esenciales de la vida. Si el trabajador fuese calificado como gran inválido, tendrá derecho a una pensión vitalicia, incrementándose su cuantía con un complemento destinado a que el inválido pueda remunerar a la persona que le atienda.

- En último lugar encontramos las lesiones permanentes no invalidantes, que se corresponden con aquellas lesiones, mutilaciones y deformidades causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, que sin llegar a constituir incapacidad permanente, suponen una disminución de la integridad física del trabajador. La prestación consiste en una indemnización a tanto alzado o por una sola vez, y su cuantía viene determinada en el baremo establecido al efecto, todo ello sin perjuicio del derecho del trabajador a continuar al servicio de la empresa.

Corresponde, por tanto, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos que reglamentariamente se establezcan y en todas las fases del procedimiento, declarar la situación de incapacidad permanente, a los efectos de reconocimiento de las prestaciones económicas que hemos mencionado. Solo en el supuesto de que se discrepe de la resolución del INSS, se abrirá la vía jurisdiccional, en cuyo caso, la función del juez consistirá en controlar si la decisión de la Entidad Gestora es, o no, ajustada a Derecho.

Cristina García López



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